La ciudad

Para la Fiscalía, "el Café de la Flor era el café sin control"

Comenzó ayer el juicio contra un inspector municipal que debía controlar el bar en el que en 2015 un músico murió electrocutado.

Miércoles 21 de Noviembre de 2018

"Café de La Flor, café sin control". Sobre esa hipótesis de máxima la Fiscalía asentó ayer su estrategia en el inicio del juicio oral y público contra un empleado de la Municipalidad de Rosario, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. En abril de 2015 realizó dos inspecciones en el local nocturno de Mendoza al 800, donde seis meses después murió electrocutado el bajista de una banda de rock. Mientras se sostuvo el pedido de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, la defensa solicitó la absolución y remarcó que el reproche jurídico hacia el imputado no tiene nexo causal con el deceso del músico.


Desde ayer se ventila en la sala 9 del Centro de Justicia Penal (CJP) uno de los dos capítulos judiciales derivados del fatal accidente ocurrido el 12 de octubre de 2015 a las 2 de la madrugada en el Café de la Flor, Mendoza 863, donde esa noche se presentó el grupo Raras Bestias, del cual Adrián Rodríguez, de 30 años, era bajista.

En un momento Rodríguez percibió que algo le sucedía al vocalista de la banda. Se acercó a ayudarlo y cuando tomó el micrófono recibió una letal descarga eléctrica. Murió al instante y el caso despertó todo tipo de debates sobre los controles, inspecciones y habilitaciones de locales de esas características.

La pesquisa se desdobló en dos: en una de ellas están acusados Ariel Scharf, dueño del Café de La Flor, y el electricista Fernando Campodónico. Ambos afrontan una acusación por el delito de homicidio culposo. Para el titular del negocio solicitaron cuatro años de prisión y para el electricista 5 años de prisión efectiva, y 10 de inhabilitación para cumplir con su actividad.

En la carpeta judicial que comenzó a ventilarse ayer está acusado el arquitecto Pablo Andrés Akerman, de 39 años, que en 2015 se desempeñaba como inspector de la Dirección General de Inspecciones de Industria y Comercio de la Municipalidad de Rosario. La fiscal Valeria Piazza Iglesias comenzó su alegato con una frase fuerte: "Café de La Flor, café sin control", enfatizó mirando al juez Juan Andrés Dónnola.

En el extremo opuesto de la sala, Akerman, que transita el proceso en libertad, seguía atentamente la exposición flanqueado por sus abogados Héctor Superti y Francisco Di Leo. Entre el público se pudo ver al padre y a un tío del músico fallecido, amigos y compañeros de la banda.

Condiciones "paupérrimas"

La hipótesis que desplegó la fiscal, acompañada de su par Ademar Bianchini, se desgranó a partir de recordar que el acusado realizó una primera inspección al Café de la Flor el 1º de abril de 2015, donde fue recibido por su anterior dueño, José Pablo Busso. Y que ante las "condiciones paupérrimas en las que se encontraba el local, debió ordenar la clausura preventiva, pero no lo hizo"

Indicó que ese día Akerman recibió la orden de Luciano Marelli, su superior en el área de Inspección, para que fuera al local de Mendoza al 800 a verificar "si subsistían las condiciones de habilitación que fueron oportunamente otorgadas. En ese contexto, incumplió con los deberes que le asistían como funcionario público", aseguró.

"Se va a demostrar en este juicio el estado deplorable y paupérrimo que reunía el Café de La Flor; en ese contexto realizó la inspección el arquitecto Akerman. Y constató tan sólo cuatro irregularidades de la gran cantidad de violaciones a las normas de higiene y seguridad que había en el lugar", describió.

En ese primero informe, según la hipótesis fiscal, Akerman detalló que el local presentaba "buenas condiciones para el desarrollo de la actividad habilitada. Esas afirmaciones son parcialmente falsas", dijo la fiscal Piazza Iglesias y recordó que el arquitecto debía volver a los efectos de corroborar si se habían solucionado las irregularidades que él mismo le había marcado a Busso.

"Aquí viene una segunda actitud. El 8 de abril eleva un informe al contador Marelli donde dice que se había presentado en el local y que dichas irregularidades ya no se encontraban. Que habían sido arregladas. Falso, su señoría —puntualizó la fiscal— de falsedad absoluta. No solamente que no se constituyó, sino que tampoco se arreglaron las irregularidades, eso quedará probado con los testigos que van a venir a declarar en juicio", prometió Piazza Iglesias.

Luego ratificó su pretensión: que se condene al inspector por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y por falsedad ideológica (dos actas que dicen ser falsas) en concurso real, y solicitó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pericias

Tras los alegatos declararon como testigos de la Fiscalía tres peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) que relevaron fotográficamente el local (cajas de instalación eléctrica, instrumentos, cables, adaptadores, circuitos y consolas) y también filmaron. Una de ellas dijo que al momento de realizar el trabajo, apenas ocurrió el accidente, todavía había luces en cortocircuito y confesó que le daba miedo caminar por el lugar.

Además, declararon los peritos asignados por Fiscalía. El ingeniero en Medio Ambiente e Higiene Laboral, Daniel Gabellini, también docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), recordó a través de fotos que se exhibieron en una pantalla de televisor el relevamiento visual que hizo en el Café de la Flor el 11 de noviembre de 2015.

Dijo que el tablero eléctrico principal del local no tenía puerta ni contratapa protectora y estaba apoyado en madera (combustible), que el disyuntor no estaba conectado, que no observaron descargas a tierra, que había cables y bornes sueltos, no había obleas identificatorias, todo lo cual estaba fuera de la normativa vigente y representaba peligro de cortocircuito y posterior incendio, con riesgo latente para la vida.

Casi en idéntico sentido declaró el ingeniero electricista Néstor Antonio Sidotti, también docente de la UNR y consultor. El profesional indicó que el estado general de la instalación eléctrica era precario. Citó que había múltiples enchufes conocidos como de dos patas (prohibidos desde 1999 porque no tienen el tercer conductor a tierra) y zapatillas o tomacorriente móviles, también en mal estado.

En ambos casos, cuando la defensa los interrogó, dijeron desconocer el estado de la instalación en abril de 2015 (al momento de las inspecciones) y tampoco arriesgaron ni contestaron cuando la Fiscalía les preguntó si podían determinar de qué fecha podía datar esa instalación eléctrica.

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