En una audiencia que tuvo lugar ayer al mediodía en los Tribunales provinciales, cuatro peritos de la Policía Judicial de Córdoba se hicieron presentes, convocados por la fiscal Graciela Argüelles, para que su conocimiento permita determinar responsabilidades tras la explosión en el edificio de Salta 2141. Se trata de la tragdia desatada el 6 de agosto de 2013 y que dejó un saldo de 22 víctimas fatales.
Ahora, los 11 imputados podrán revisar los antecedentes de los pesquisas para establecer si hay incompatibilidades. De no ser así, se pasará a la pericia, tras un año de haberla solicitado la propia fiscalía.
Los peritos son especialistas en cuestiones vinculadas al gas, seguridad industrial y criminalística. Al reportarse ante el Juzgado de Sentencia a cargo de Ismael Manfrín, cada uno de ellos presentó un currículum para acreditar su competencia en el tema.
La fiscalía había solicitado una nueva pericia ya que —según se insistió— la hecha con anterioridad fue rechazada por parcial, ya que los expertos de Mar del Plata que intervinieron pertenecían a una empresa que tenía como cliente a Techint, accionista de Litoral Gas.
Según la concesionaria que tiene la prestación del servicio de gas en Rosario, aquella pericia no habría contado con especialistas del grupo Techint. Una afirmación que se contrapone con lo afirmado por Fiscalía.
Ese primer informe pericial se realizó en Mar del Plata y fue entregado a la Justicia rosarina cinco meses después de la tragedia.
Los pesquisas destacaron en su momento que "de haberse seguido los procedimientos legales y cumplido con las normas de seguridad, el siniestro no se habría producido".
Cabe recordar que en abril de 2014, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sancionó con una multa de 6,5 millones de pesos a Litoral Gas por encontrarla responsable de 13 faltas graves en relación a la explosión de Salta 2141.
Frente a ello, la compañía concesionaria apeló y no existen detalles de una resolución al respecto.
Con estos antecedentes, desde el Ministerio Público se solicitaron puntos complementarios referidos a días anteriores a la explosión del 6 de agosto de 2013. En especial, cómo se encontraban las instalaciones en el edificio y en qué condiciones se rehabilitó el flujo del servicio el 26 de julio, días antes de la fatídica explosión.
Los expertos cordobeses demoraron en contestar, y los trámites se extendieron un año, pero su participación fue considerada "crucial" para imponer imparcialidad en las pruebas.
Lo cierto es que ayer, los cuatro peritos de la Policía Judicial mediterránea presentaron sus currículums y antecedentes, que serán girados a las partes involucradas con el fin de analizarlos.
En el caso de que no existan impugnaciones ni observaciones, se consolidará la designación y se avanzará en fijar una fecha del peritaje sobre los artefactos secuestrados tras la explosión.
En la causa se encuentran procesados por estrago culposo agravado el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; otro gasista que había trabajado en el mismo edificio unos días antes, José Allala; los tres responsables de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli; tres inspectores de Litoral Gas, Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra.
Del tiempo que demande este peritaje se estimará el comienzo del juicio, que deberá ir a sorteo. Todo hace presumir que hasta el 2018 no habría novedades.
En agosto de 2015, la jueza de instrucción Irma Patricia Bilotta remitió las actuaciones, que están compuestas por unas 6.000 fojas, al juzgado encargado de dictar sentencia.
Y recién en febrero pasado, la cámara entendió que el proceso judicial debía resolverse en un juicio oral y público.
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