En el marco de la multiplicación de hechos delictivos en la ciudad, el edil rosarino Roy López Molina presentó esta semana en el Concejo municipal un proyecto de ordenanza para regular la instalación de cercos eléctricos que son colocados para evitar los robos a viviendas ya que emiten descargas a quienes los tocan. La propuesta tiene su correlato en la Cámara baja santafesina, donde el diputado provincial Walter Ghione ingresó una iniciativa similar en febrero pasado.
Más allá de la jurisdicción, lo que plantean ambos legisladores es que muchos particulares ya han optado por recurrir a este tipo de barreras dado que no están expresamente prohibidas (de hecho, se encuentran disponibles en el mercado y tanto electricistas como empresas prestan el servicio de conexión). Por eso, ante lo que Ghione califica de “vacío legal” es importante definir los parámetros para su colocación, manipulación y remoción “a los fines de prevenir daños y accidentes”.
La postura de López Molina es que el tema debe ser debatido y resuelto en Rosario pues la ley orgánica de Municipalidades delegó la facultad de regular sobre muros, cercos y medianería a los gobiernos locales. En ese sentido, el presidente de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo apunta a incorporar los nuevos requisitos para las llamadas “barreras de disuasión contra intrusos” al Reglamento de Edificación de la ciudad.
“Queremos que los vecinos que colocaron cercos eléctricos para proteger a sus seres queridos y su propiedad no sean multados o perseguidos. Por eso el proyecto deja en claro cuáles deben ser las condiciones para una instalación segura para todos”, expresó el concejal de Cambiemos tras presentar la iniciativa este martes. Por ejemplo, una altura mínima de 2,5 metros desde el piso y la presencia de carteles indicadores para su advertencia. Con respecto a las barreras que ya se fueron incorporando a propiedades privadas, plantea requisitos más flexibles, “siempre teniendo en cuenta los límites de seguridad", dijo López Molina.
Asimismo el edil subrayó que la pretensión es “defender el derecho de los rosarinos de vivir más seguros” porque “cada vez son más los vecinos que colocan cercos eléctricos para proteger a su familia y su vivienda”. Uno de ellos es Aníbal, empresario que probó el sistema hace ocho años en su casa particular y desde hace seis lo comparte en el condominio de edificios donde reside junto a cientos de familias. Además, hizo poner una barrera eléctrica en los fondos de su negocio de zona oeste, lo que afirma le dio resultados ya que no lo asaltaron más, mientras que antes era blanco de ataques casi a diario.
“Es efectivo porque desalienta a los que tienen intenciones de robar, como cuando hay un patrullero en la puerta. Pero no se puede dejar un móvil policial frente a todas las casas, entonces hay mucha gente que recurre a estos cercos, sobre todo en zona sur y en La Florida”, describió. “No te mata porque no va enganchado al 220 (voltios de la red eléctrica), solo te tira unos dos metros para atrás y lo comprobé yo mismo una vez al tocar uno de los alambres sin querer”, agregó Aníbal.
Precisamente los alambres son alimentados por una batería, lo que les permite dar una descarga suave, añadió el vecino, que denomina al artefacto “boyero, porque es como el de las vacas que está en el campo”. Para terminar, aseveró: “A estos cercos los vi por primera vez en Brasil, donde están por todos lados en distintas ciudades, y desde que los puse estoy conforme porque te sentís más cuidado. Dormís tranquilo, en paz”.
En tanto a nivel provincial no es la primera vez que se discute una norma sobre barreras con capacidad de dar descargas eléctricas. En 2015 la ex diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez ingresó un proyecto a la Legislatura, aunque no para regularlas sino para prohibirlas. Esa iniciativa perdió estado parlamentario y hace un mes Walter Ghione, del bloque Somos Vida y Familia, ingresó una propuesta que fue derivada a la comisión de Seguridad. Su intención es que el Estado pueda ejercer controles en la materia.
El diputado confió que en ese ámbito hay consenso con respecto al texto de la ley y que incluso podría pedir su tratamiento en sesiones extraordinarias, es decir antes del primero de mayo. “Nos estamos por reunir junto a Gabriel Chumpitaz (del espacio Juntos por el Cambio) con representantes de Cámaras de seguridad electrónica”, anticipó y dijo que el encuentro será en los próximos días a pedido de estas empresas que comercializan e instalan alarmas, sistemas de monitoreo y otras medidas de seguridad en el marco de una creciente demanda de la población.