Nadie controla a los micros que no salen de la Terminal de Omnibus

Los colectivos que pasan por la Terminal de Omnibus están controlados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), pero no sucede lo mismo con los conductores y los micros que se contratan en forma particular y que salen desde otros sectores. En diciembre se aprobó una ordenanza para que se realicen estos chequeos, pero aún no entró en vigor.

Tal como informó La Capital, la Terminal de Omnibus cuenta con la Unidad de Control Psicofísico, dependiente de la CNRT, que fiscaliza el estado de salud psicofísico de los choferes de colectivos de larga distancia que parten o llegan a Rosario. A su vez, un equipo técnico chequea el estado de los coches.

Sin embargo, esta situación no está contemplada para con los micros que contratan instituciones, clubes, escuelas o particulares. La responsabilidad sobre el estado de los choferes y de los coches es de la empresa privada.

Una nueva ordenanza

En la última sesión de 2018, el Concejo aprobó un proyecto que apunta a que los servicios de transporte privados para actividades escolares, deportivas y recreativas pasen por la Terminal de Omnibus Mariano Moreno antes de iniciar un viaje para que puedan ser inspeccionados por la CNRT. También la Municipalidad podría realizar tests de alcoholemia y narcolemia.

El caso del conductor con narcolemia positiva que iba a llevar a un grupo de alumnos del colegio La Salle a Córdoba, motivó a los concejales a proponer el proyecto de ordenanza para que en esos casos también se realicen controles.

El concejal justicialista Roberto Sukerman presentó la iniciativa en la que señala que "los servicios con modalidad puerta a puerta habitualmente no cumplen con ningún control sobre el estado de los colectivos, el descanso y la aptitud física de los choferes, principales causas de los mal llamados accidentes en las rutas". Allí destaca que "la falta de controles estatales pone en riesgo la vida de muchas personas".

"Proponemos que los colectivos pasen por la Terminal a hacer un control y luego puedan recoger a los pasajeros en el lugar que se haya fijado previamente, porque si todos los micros salieran de la Terminal, eso sería un desborde", acotó el concejal.

Para asegurar ese control, la ordenanza señala que la Municipalidad debería emitir un certificado donde conste que los conductores y el vehículo se encuentran en condiciones de transitar.

Ese certificado permitiría el control por parte del contratante en torno a la aprobación de las condiciones necesarias para prestar el servicio de transporte de personas.

Actualmente, estos transportes son verificados por la Municipalidad en el caso de que algún pasajero lo exija. El secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrin, contó que después del caso del chofer que llevaría a un contingente escolar a Córdoba, se disparó la demanda. "Tuvimos más de 60 pedidos", contó.

Más ordenanzas

En 2014, el entonces concejal Jorge Boasso junto a otros ediles impulsó la creación del programa de prevención y detección de consumo de estupefacientes que afecten la capacidad de conducción segura de vehículos en la vía pública.

El plan incluye a choferes de vehículos afectados al servicio público, como patrullas policiales, transporte urbano de pasajeros, taxis, vehículos dependientes o contratados por el municipio, ambulancias del Sistema Integrados de Emergencia Sanitaria (Sies) o de cualquier otro efector público.

Drogas

A partir de la implementación de este programa se comenzaron a realizar controles de alcoholemia y de narcolemia en la calle.

Desde la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana (repartición de la Municipalidad a cargo de las fiscalizaciones) señalaron que primero se realiza el control de alcoholemia y, si da positivo, se remite el vehículo al corralón. En el caso de que el resultado del test sea negativo, el médico evalúa la necesidad de hacer un test de narcolemia.

Cuando desde una institución se contrata un colectivo, un minibus o una combi, se puede solicitar a la Intendencia que los agentes municipales realicen ambos controles. Ese fue el caso del colegio La Salle.