Para los usuarios de telefonía celular el verano trajo un sofocón extra: hablar costará más caro. El incremento llega en los meses de enero, febrero y marzo, es de un 24% y completa el alza que en octubre realizó una de las tres compañías que controlan este mercado. La reacción de los usuarios no se hizo esperar y la Oficina Municipal del Consumidor fue la caja de resonancia del malestar. Allí, el último año se recibieron 800 quejas relacionadas con los teléfonos móviles y en esta ocasión la gente acudió para saber si el aumento era legal.
“Como se trata de una prestación privada no podemos hacer nada, por eso estamos luchando para que se la declare servicio público”, explicó el titular de Defensa del Consumidor, Néstor Trigueros. Las 34 millones de líneas activas que hay en el país hablan a favor de la iniciativa.
“Se anuncia un nuevo aumento y la gente se empieza a preocupar, ya recibimos muchas consultas al respecto, la mayoría de la gente tiene planes económicos y el incremento se siente porque sube la tarifa, pero no los minutos disponibles para hablar, por lo que se reduce el servicio”, explicó Daniel Hiayes, coordinador general de esa oficina municipal.
Sobre la realidad así planteada es que la repartición oficial que defiende los derechos de los consumidores propone que la prestación de telefonía móvil se convierta en un servicio público, rango que investiría de derechos a la gente frente a los aumentos.
Pero no es la única batalla pendiente en este tema. Según Trigueros, es inminente la vigencia de la llamada portabilidad numérica. “Esto permite conservar el número telefónico y poder cambiar de compañía según las ofertas y los servicios disponibles”, describió. Por insólito que parezca, la medida tiene luz verde en el país desde el año 2000 pero nunca se implementó.
“ Hoy nuevamente las empresas de telefonía, que tienen suculentas ganancias, vuelven a aumentar sus tarifas y como se puede apreciar se van turnando para aplicar los incrementos”, enfatizó Trigueros, que no cesó de atender reclamos al respecto. En su opinión se trata de un caso de “alta concentración”, donde sólo tres proveedores prestan el servicio, dos de los cuales, asociados, tienen casi el 70% del mercado. Con semejante penetración, no existe hogar donde no estén presentes, y con el 40 % de aumento del último año, los cambios aparecen más que necesarios.
“Urgentes”, subrayó Trigueros. Y reiteró las innovaciones que deberá poner en marcha el Congreso de la Nación: cambios en el marco regulatorio y declaración de servicio público. “Esto y la portabilidad numérica facilitarán el ingreso de nuevos operadores al mercado”, consideró el funcionario.
