Litoral Gas negó que el gasista que intervino el día de la tragedia en Salta 2141 haya solicitado instrucciones para proceder. Así lo señaló el empleado de la compañía a quien el matriculado dijo contactar el 1º de agosto en las oficinas técnicas de Ayacucho y 24 de Septiembre. Para la pesquisa esa prueba igualmente no sería una cuestión central, ya que a la empresa se le endilgan inspecciones deficientes alejadas de la normativa los días anteriores a la tragedia.
El empleado de turno de la sección Inspecciones Domiciliarias convocado a declaración informativa, negó ayer en Tribunales haber atendido o evacuado consultas del gasista Carlos Osvaldo García antes de la tragedia del 6 de agosto que ocasionó 22 muertos tras una explosión por fuga de gas.
Ante la jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta, el agente de Litoral Gas admitió conocer a García por trabajos anteriores, pero que nunca lo atendió por arreglos en un edificio, tal cual había señalado el matriculado cuando fue indagado.
Además, remarcó que esa sección de Litoral Gas es ajena a las requisitorias por cambio de válvulas o reguladores, lo que demostraría que García nunca lo pudo haber consultado por eso. No obstante, y como el empleado no contestó preguntas, tampoco aclaró qué sector de la empresa es la que tiene a cargo esas cuestiones.
Dijo además que la sección Inspecciones Domiciliarias está destinada a sacar dudas a los matriculados respecto a instalaciones internas, desde el medidor y hacia el interior de la vivienda. "Nosotros no sacamos consultas por cambio de válvula y regulador", se despegó de García.
En la causa obra fotocopia de un libro de ingresos donde consta que el 1º de agosto García estuvo en las oficinas técnicas de la compañía, pero no hay documentación o expedientes que acrediten que formalizó el trámite.
No obstante, Hugo Buffarini, defensor del gasista atribuyó esa situación a un procedimiento desprolijo de la empresa. "No dejan constancia escrita para protegerse de situaciones como la que ocurrió", señaló a La Capital el abogado.
En ese aspecto también se focalizaría el rol de la administración del edificio que, según los protocolos, debía cumplir una serie de requisitos ante Litoral Gas antes de que García accediera al gabinete.
Querellas. En el marco de la causa, en los próximos días podrían surgir novedades respecto a la constitución de querellantes de familiares de las víctimas, que se sumarían a otros damnificados ya incorporados bajo esa figura en el expediente.
Mientras, en el juzgado de Bilotta se aguarda que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) entregue conclusiones respecto a las imputaciones que hizo en su momento contra Litoral Gas, al detectar que incurrió en fallas de procedimiento alejadas de la normativa que regula el contrato de concesión del servicio. Según fuentes cercanas al caso, la jueza Bilotta evalúa ampliar la indagatoria a García y a su ayudante, Pablo Miño, dos de los once imputados por el estrago culposo agravado por las muertes.
El resto. Los otros acusados son los tres administradores Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli; los inspectores de Litoral Gas, Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller (cortaron y reconectaron el servicio entre el 25 y 26 de julio); el gasista José Allala (realizó un arreglo durante esos días); el jefe de inspectores, Claudio Tonucci; y su inmediata superior, Viviana Leegstra.
La banda, que "contaminaba" buques con droga de máxima pureza, fue desarticulada. También hubo allanamientos en Ramallo.
Por Gustavo Conti
Por Guillermo Ferretti
