LA CIUDAD

La Justicia investiga la quiebra fraudulenta de Le Rondini

En 2017 se decretó la bancarrota de la agencia de turismo. En la causa se detectaron "socios ocultos" denunciados penalmente.

Domingo 14 de Junio de 2020

La justicia Civil y Comercial de Rosario decretó la quiebra fraudulenta de la emblemática agencia de turismo Le Rondini, un caso que escondería maniobras de vaciamiento patrimonial en perjuicio de los dueños originales de la firma. Paralelamente, en un legajo penal que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se impulsa la acusación contra “socios ocultos” que incorporó la firma en 2015 para oxigenarla, pero que la habrían llevado a la bancarrota. Para el síndico del proceso, existió “promiscuidad patrimonial”.

   La agencia fue pionera en promocionar viajes a Disney para quinceañeras. Miles de rosarinos contrataron excursiones a destinos nacionales e internacionales con Le Rondini, que por casi 30 años ofreció una variada oferta turística.

   En 2015 la firma quedó en medio de turbulencias económicas. Por esa época, sus originales dueños, el matrimonio conformado por Adriana Todisco y Enrique Curridor, recibió una sugerencia que los podría poner a salvo de la apremiante situación. El contador de toda la vida y hombre de confianza, Raúl A., le arrimó un inversor para que inyectara dinero fresco.

   Así, Claudio A.B., un agente de bolsa titular de una casa de cambios ubicada en Mitre al 800 (Cambio Estelar SA) se integró al staff de Le Rondini y se rodeó de otros profesionales de confianza.

   El 17 noviembre de 2015 se firmó un “acuerdo de entendimiento” de una nueva SRL, integrada por Claudio A.B, otra persona identificada como Norvald B.; el contador (que nunca había tenido participación accionaria), Curridor y Todisco. El acuerdo fue avalado por la escribana Alejandra C.

Según se desprende del concurso de la quiebra y el trabajo de un síndico, hubo varios hechos encadenados que dejaron ver los hilos de aparentes maniobras de desapoderamiento en perjuicio de los históricos dueños del negocio.

Sigilosos

Desde abril de 2015 la agencia tenía crédito abierto para solicitar fondos por un tope de hasta 5.500.000 pesos en el Banco Meridian (San Lorenzo 1098), garantizado con una vivienda particular de Todisco, ubicada en Juan Manuel de Rosas 2023 y donde tiempo después se mudaría la agencia.

   Con la excusa de inyectar dinero, los flamantes socios comenzaron a extraer del banco parte de ese capital, que acreditaban en las cuentas de la agencia. Pero, por tandas lo retiraban de ventanilla en forma de cheques, cada uno de 50.000 pesos aproximadamente, según se acredita en el concurso.

   Pero lejos de reinvertirlo, hacer frente a los compromisos o pagar a proveedores, se desviaba a otros destinos. De acuerdo a las evidencias acumuladas por el sindicatura, Claudio A.B. acopiaba el dinero en una caja fuerte de la oficina, de donde luego lo extraía y trasladaba a su financiera.

   En ese contexto, el 21 de enero de 2016 el agente bursátil le compró a Todisco una casa ubicada en Pasco 649/653. Sin embargo, según la documentación, no habría pagado un sólo peso por la transacción, y cambio se hizo cargo de la deuda que pesaba sobre la propiedad por una hipoteca de tres millones de pesos constatada en la Mutual de Escribanos.

   En medio de ese panorama Curridor contrajo una grave enfermedad, fue operado de un tumor maligno en abril de 2016 y finalmente falleció un año después. Su mujer quedó sola, con poco conocimiento de la administración de la agencia, ya que su rol se circunscribía a ser guía turística.

   El 3 de mayo de 2016, mientras Curridor estaba internado, A.B. también logró comprar el histórico local de peatonal Córdoba 1280, donde funcionó por años Le Rondini, y hoy hay una tienda de ropa deportiva. Por esa propiedad se pagó el irrisorio monto de 130.730 dólares. Durante esos días un acreedor particular pidió la quiebra del negocio. El proceso judicial recayó en el juzgado Civil y Comercial Nº 16 a cargo de Pedro Boasso, que evaluó el estado de cesación de pagos y en agosto de 2017 decretó la bancarrota. Y por extensión la de Todisco en noviembre de 2018. El juez designó al síndico Guillermo Fernández Santoro como actuario público en representación Le Rondini.

   Cuando ese profesional distinguió las irregularidades, el 26 de octubre de 2018 Todisco impulsó una denuncia penal contra sus ex socios. El legajo estuvo bajo análisis del fiscal David Carizza, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA.

   De acuerdo a los elementos colectados, el funcionario evaluó que no se configuraban delitos y decidió archivar la carpeta. No obstante, en la resolución Nº 9/2019 aclaró que ante cualquier “hecho nuevo” podría ser reabierta.

Mientras se dirimía la quiebra y tras examinar la documental, el síndico Fernández Santoro individualizó que el caso presentaba "promiscuidad y confusión patrimonial", por lo cual solicitó al juez civil que extendiera la quiebra a todos los socios de Le Rondini. Esa situación fue resuelta luego en un juicio ordinario que arrojó novedades en plena pandemia.

"Préstamos cuantiosos"

En la sentencia Nº 26 del 21 abril, el magistrado resolvió extenderla a Claudio A.B, Norvald B., y al contador Raúl A. Según argumenta, en la pericia contable se concluyó que la sociedad "recibió cuantiosos préstamos de entidades bancarias", y que omitió exponerlos en los balances cerrados al 31 de diciembre de 2015, donde se detectaron pasivos financieros por 6.059.099,44 pesos.

En esa información técnica "existen grandes inconsistencias entre los registros remitidos por los bancos, lo expuesto en los estados contables, y lo plasmado en las planillas de caja", desgranó Boasso.

"La extensión de la quiebra por confusión patrimonial implica una sanción hacia aquellas personas que violaron normas del ordenamiento legal, encaminadas a mantener la diferenciación del patrimonio", puntualizó el juez en su resolución. Y a pedido del síndico ordenó "la inhibición general de los bienes" de las tres personas implicadas en el expediente.

Falaz consejo

Antes de ese paso procesal, el síndico ya había advertido las maniobras tras realizar un exhaustivo análisis de los intrincados movimientos de dinero.

Se acumularon declaraciones, balances y planillas, donde observó el faltante de los seis millones de pesos que se licuaron a través de maniobras que "podrían configurar delitos", según asentó en la causa civil.

En febrero pasado el síndico presentó un escrito al fiscal Carizza donde le solicitó la reapertura del legajo penal. Según el profesional, el objetivo era "producir el vaciamiento de Le Rondini, engañar a sus originales dueños mediante un falaz consejo, desplazarlos de todo manejo de la empresa, endeudarlos y perjudicarlos patrimonialmente hasta apropiarse de todos sus bienes personales y propios".

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