La huella del Laboratorio Apolo, detrás de la llegada de la vacuna rusa al país

Un laboratorio que actuó de intermediario entre los gobiernos de Argentina y Rusia para el arribo de la vacuna SputnikV tiene entre sus accionistas a ex directivos del rosarino Laboratorio Apolo. Tres de ellos fueron imputados por la Justicia local tras la explosión de la caldera que en 2016 produjo cinco heridos en la sede de Alem al 2900, aunque el año pasado lograron un acuerdo para suspender el juicio.

HLB (originalmente fue la sigla de su creador Hernán López Bernabó) Pharma fue el laboratorio que integró la sigilosa comitiva que partió rumbo a Rusia junto a funcionarios nacionales para participar de las tratativas para la llegada de la vacuna rusa.

Los anuncios hablan de 25 millones de dosis que podrían estar a disposición a partir de fin de año o comienzos del 2021. Las negociaciones pasarán por las manos de estos empresarios.

Claro que, previamente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) debe otorgar las certificaciones correspondientes.

Hasta aquí la figura de un laboratorio intermediario entre dos países se explica por la rapidez en que la firma actuó para adelantar gestiones y por su perfil de productor en plena pandemia para abastecer al Estado (produjo barbijos, camisolines, cofias y gestionó el arribo al país de tests por PCR). Pero lo que salta a la vista son los actuales directores que componen la empresa con sede en San Isidro (Buenos Aires).

Su trayectoria remite a la dramática explosión del 24 de junio de 2016, cuando la caldera que alimentaba la producción de suero fisiológico de Laboratorio Apolo en barrio Tablada voló por los aires destrozando medianeras y provocando lesiones a cinco personas.

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Los principales accionistas de HLB en la actualidad son Damián García, procesado en la causa por esa explosión, junto Ariel García Furfaro, quien figuró hasta hace poco tiempo como director.

Ambos nombres aparecen en el pasado vinculados a Jorge Salinas, quien intervino en la primera transferencia de Apolo de sus dueños originales.

El enigmático empresario fue apodado “El Leo Mattioli Rubio” por su inclinación a los vehículos de alta gama importados y los anillos y cadenas de oro con los que llegaba al laboratorio de la zona sur rosarina.

En el caso de García, su llegada a HLB en el marco de una convocatoria de acreedores desde hace tres años se dio en reemplazo de Hugo García Borello, detenido y acusado el año pasado de estafa en un juzgado porteño. El laboratorio había sido clausurado por fallas de seguridad en 2018.

Nombres que se repiten en una negociación donde HLB Pharma Group hará de nexo entre Argentina y Rusia, pero con un pasado donde fueron imputados por el fiscal Walter Jurado por estrago culposo agravado y lesiones culposas.

Todo ello, en el marco de las pruebas que se recolectaron tras la explosión de Apolo en Alem al 2900.

Sin embargo, el 20 de mayo del año pasado, imputados y víctimas firmaron el acuerdo para suspender el juicio, ante el juez Hernán Postma.

Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza habían sido acusados de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas, ambos en concurso ideal y en carácter de autor.

Postma aceptó el acuerdo de las partes y dictó para Gómez y Ferré la suspensión del juicio, abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. También les impuso la realización de tareas comunitarias en la Fundación Museo Justicialista, de San Nicolás, y una caución de 30 mil pesos en efectivo.

Para Damián García, Ariel García Furfaro y Vozza se admitió el criterio de oportunidad y fueron sobreseídos. En el medio de esta resolución judicial quedaron interrogantes en torno al funcionamiento del laboratorio.

Apolo SA tuvo al menos seis fajas de clausura desde 2004 hasta diciembre de 2016.

La empresa presentó anomalías en las condiciones de salubridad, ruidos molestos y problemas con la habilitación. En cinco oportunidades esas clausuras fueron violadas.

Sin embargo, en 2014 el municipio les confirió la autorización para funcionar, con algunos informes previos que nunca salieron a la luz.