La clausura del boliche de Mitre al 1500, en cuyos alrededores asesinaron el domingo a un joven de 25 años, llevó ayer tranquilidad a los vecinos del lugar, cansados de lidiar con ruidos molestos y peleas a la salida de la disco. También volvió a centrar la atención sobre los controles del municipio sobre los locales nocturnos y la necesidad de acordar una nueva norma que ordene el funcionamiento de estos comercios. Desde el municipio confían en que el reempadronamiento sumará información clave sobre los titulares de las habilitaciones y el capital invertido en el negocio. En los últimos cuatro meses, el local había tenido 15 inspecciones. Sólo en una detectaron faltas y lo clausuraron.
La fiscal Marisol Fabbro —quien investiga los tres homicidios desatados esta semana (ver Policiales)— dispuso ayer la clausura preventiva de la disco Boricua (ex Gotika) hasta tanto se aclaren las condiciones de la muerte de Walter Mena, el joven de 25 años baleado en Mitre y Montevideo. La faja de clausura colocada en la puerta del edificio construido como sinagoga fue bien recibida por los vecinos, que se declaraban "hartos de no poder dormir" por las frecuentes corridas y peleas durante la madrugada.
De acuerdo a datos del municipio, el local de Mitre 1539 está habilitado como confitería bailable con anexo de bar, con capacidad para casi mil personas. Al frente del comercio figura Pedro Paradiso, quien inició Gotika como un café concert para la diversidad sexual.
Boricua, actual nombre de fantasía del negocio, se inauguró en junio de 2014. Según apuntaban ayer los vecinos, en el boliche se organizaban alternativamente fiestas electrónicas y encuentros de cumbia y música tropical muy masivos. "Un caos", indicaban.
De cerca. El titular de la Secretaría de Control y Convivencia del municipio, Gustavo Zignago, apuntó que las inspecciones al boliche eran "constantes". Es más, especificó que desde junio se realizaron 15 intervenciones en el lugar, una de estas auditorías terminó en una clausura por 20 días. Fue a principios de agosto pasado y, según se explicó en su momento, los inspectores constataron "desmanes e inconvenientes en la vía pública realizados por los asistentes a dicha confitería, sobre la cual recaían múltiples denuncias de vecinos".
"Desde junio hubo 15 inspecciones que, salvo la clausura administrativa impuesta, ninguna detectó faltas. Los números hablan por sí solos, no es un local que se pueda decir que no tenía control", apuntó el funcionario y señaló que, tras la clausura, el boliche contrató más adicionales de policía y a una empresa de seguridad privada que elaboró un plan de evacuación.
Zignago apuntó que "la situación de los boliches se trata de ordenar con las herramientas que existen". Para el funcionario está "más que claro" que hace falta encontrar nuevos consensos para modificar la ordenanza que regula la habilitación y funcionamiento de locales nocturnos.
Hasta tanto, desde el municipio confían en el reempadronamiento abierto para renovar los datos sobre la titularidad de los boliches. La medida fue dispuesta en el marco de las acciones anunciadas en materia de prevención del delito.
