La empresa de colectivos El Cacique amenazó con dejar de prestar el servicio en Rosario el 31 de octubre y dar por extinguido el contrato de concesión si la Municipalidad no contempla algunas alternativas que le permitan sanear su golpeada realidad económica, severamente afectada por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus. Entre otras sugerencias y para poder aliviar sus cuentas, propuso que el municipio le asigne un fondo extraordinario que permita compensar el déficit y que se le pague por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado. La empresa administra hoy 10 líneas urbanas: 112, 115, 122, 126,127, 131, 132, 138, 139 y 140
El documento en el que la empresa de capitales mendocinos expuso su situación y dio esta suerte de ultimátum en la prestación del servicio ingresó al Concejo el pasado 10 de septiembre. Se trata de un dossier de 11 páginas en el que hizo un recuento de su situación financiera desde que se hizo cargo del servicio, en enero de 2019.
Sin medias tintas, los directivos de la empresa exponen que “desde el inicio de contrato, la firma se encuentra con serias dificultades para lograr un correcto equilibrio de la ecuación económica financiera”.
En ese raconto, los empresarios ponen en claro que “desde el punto de vista jurídico, podría asegurarse que el sector está en emergencia desde el momento del inicio de la concesión”, y repasa que el pliego licitatorio “no puso implementarse desde el arranque”, ya que se fue ajustando a distintas actas acuerdo que se fueron ajustando a distintas condiciones temporales.
“Durante el transcurso del año 2019, y ante la imposibilidad de lograr el equilibrio prometido, el estado de situación crítica fue puesta en conocimiento y de manifiesto, no sólo al poder concedente sino también al Ente de la Movilidad y el Concejo Deliberante, a partir de distintas presentaciones instrumentales, de las que no hemos tenido ni respuesta ni resolución formal al día de la fecha”, señala el escrito. Cabe recordar que en julio de ese año había 50 unidades cero kilómetro ya que se le había tornado imposible poder pagarlas.
Si la puesta en marcha de la concesión ya le había traído dolores de cabeza, la llegada de la pandemia de coronavirus le asestó otro duro golpe. “Con la llegada de la pandemia se impuso legal y socialmente el aislamiento social obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional con la consecuente desmotivación en la utilización del transporte público por riesgo de contagio, que se tradujo directamente en una sustancial reducción de carga de pasajeros y, por ende, de los servicios y de la recaudación”, destacaron.
“Hace más de cinco meses que estamos obligados a sostener el cien por ciento de la estructura y recaudamos por debajo del treinta por ciento del caudal histórico. La Jurisdicción no ha reconocido, a la fecha, ningún tipo de compensación extraordinaria que pueda compensar el desequilibrio financiero generado, no sólo por el atraso en las contraprestaciones contractuales por parte del Poder Concedente, sino también por la desnaturalización de la contraprestación prevista” en el contrato.
Propuestas
Tras lanzar airadas críticas a decisiones del gobierno nacional que consideran fueron perjudiciales para la empresa, y exponer un pormenorizado estado de las finanzas entre las que se cuentan deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 120 millones de pesos, de 14 millones con las obras sociales y el sindicato, descubiertos bancarios y de alquiler del predio que ocupa, remarcó que se encuentra en una “imposibilidad fáctica y jurídica de cumplimentar el objeto del contrato de concesión”.
El texto reafirma que la empresa “garantiza la prestación de los servicios hasta el 31 de octubre, no siendo factible la continuidad desde esa fecha bajo estas circunstancias y sin las gestiones necesarias para ajustar el servicio para que se garantice no sólo el mismo, sino también la ecuación económica financiera”.
Es allí que como una alternativa para evitar la extinción del contrato propone que todas las modificaciones que se hagan al servicio, se realicen “sin ningún tipo de distorsión del equilibrio económico financiero de la concesión”. En tal sentido, solicita que se le de “participación directa” en las evaluaciones que se hagan para asignar “compensaciones” u “aportes extraordinarios”.
Solicita además que se le asigne un fondo extraordinario “mediante una partida presupuestaria directa asignada al Fondo de Transporte, que no esté sujeta a ninguna variabilidad estacional, y de monto suficiente que permita compensar los déficits expuestos” y que se reformule el sistema de contraprestación cambiándolo por “pago por kilómetro recorrido” y no por pasajero transportado. económica financiera
