Los dispositivos de videovigilancia que estaba desarrollando la Municipalidad exhibieron inconvenientes técnicos en el periodo de prueba que provocaron la demora de su puesta en funcionamiento. Se trata de 27 cámaras que ya fueron autorizadas oportunamente por el Concejo Municipal para poder labrar con sus registros multas de tránsito. Estos mecanismos se encuentran enmarcados dentro de un amplio paquete de medidas que impulsó la Intendencia en los últimos meses para hacerle frente a la situación de inseguridad.
Lo llamativo en este caso es que el municipio, después de una agitada discusión en el seno político de la ciudad en la que muchos concejales de diferentes bancadas denunciaron intenciones recaudatorias detrás de esta iniciativa, superó esa instancia de debate y cuenta desde hace tres meses con el visto bueno por la declaración de la emergencia en seguridad. Sin embargo, todavía las cámaras no están funcionando.
Vale destacar que el Concejo aprobó la emergencia por seis meses en el comienzo de septiembre. Ya se atravesó la mitad de ese recorrido y aún los dispositivos de videovigilancia, uno de los principales requerimientos enfáticamente expuestos por el Ejecutivo local en aquel momento, no se encuentran disponibles.
Según deslizaron desde el área técnica, estos dispositivos "todavía están en período de prueba". Más allá de que no se extendieron en las especificaciones, reconocieron que "se encontraron dificultades y las pruebas que se llevaron adelante no tuvieron el resultado deseado".
Idea inicial. Vale recordar que la intención inicial de las direcciones de Control municipal no era ubicar cámaras nuevas, sino recurrir a dispositivos en función de adaptaciones de las cámaras provinciales ya existentes, para poder sumarlas a otras referencias de video y de esa manera, en conjunto, poder llegar a confeccionar las fotomultas.
De acuerdo a lo que había trascendido durante esa primera etapa, la idea que promovía el Ejecutivo era poder compartir las imágenes y toda la información con las cámaras que pertenecen a la provincia.
Lo que buscaban era desarrollar un software que pudiera avisar al operador ante cada tipo de infracción, para que pudiera transmitir una señal y captara el momento y la imagen de la falta cometida. Así se comenzó un período de pruebas y ajustes, que se está extendiendo más de lo planeado.
Lo cierto es que las pruebas técnicas iniciales no consiguieron imágenes de buena calidad de resolución y de esa manera no se podía realizar correctamente la detección de las patentes de los automóviles. Había que generar una combinación con otras cámaras, que tampoco lograba una definición aceptable.
Por eso, las autoridades municipales se encuentran buscando algunas alternativas para poder poner este sistema en funcionamiento, una de las banderas del oficialismo en materia de políticas de control.
Se están efectuando comparaciones con dispositivos similares y también estudiando otras tecnologías para ver si alcanzan un grado más certero de resolución en las imágenes. Y que las cámaras de seguridad también estén en condiciones de efectuar un reconocimiento claro de las patentes, todo en una misma toma.
En este escenario de inconvenientes y dilaciones, el concejal Diego Giuliano (del bloque Rosario Federal) volvió a advertir que existe una normativa vigente que indica que las ubicaciones y la distribución de este tipo de cámaras deben ser consultadas previamente con el Concejo Municipal.
"Si hay instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en la ciudad, deben debatirlo en el Concejo", exigió Giuliano, presidente de la comisión de Seguridad.
