"¿Hasta dónde una piba asesinada como venganza en el marco de una trama delictiva es un femicidio? Eso lo estamos aún construyendo", pregunta y responde la abogada feminista e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Paolini. En Rosario, algunos de los homicidios de mujeres en contextos de narcocriminalidad ocurridos en los últimos tiempos están siendo investigados como femicidios, sin embargo, existen casos donde esa perspectiva es desestimada o recién logra revertirse en una segunda instancia del proceso judicial. Así, el fenómeno solo este año contabilizó, de acuerdo al propio Ministerio de Igualdad y Género de la provincia, 18 femicidios, casi cuatro veces más que en 2021, y de acuerdo a las organizaciones hubo por lo menos 45 mujeres asesinadas en esos contextos.
La demanda de la mirada de género al Poder Judicial a la hora de abordar estas muertes no solo es de feministas y organizaciones del territorio, sino que incluso este año dos fiscales del propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investigan delitos por violencia de género y delitos contra la integridad sexual llevaron ese requerimiento a la Fiscalía Regional con la propuesta de unificar la investigación de esas causas. El pedido aún no tuvo respuesta.
Así como la directora de Atención de las Violencias de Género del municipio, Mariana Alonso, consideró que el escenario marca "una nueva emergencia" que obliga a repensar los abordajes y la violencia de género, que ya no puede ser pensada en relación solo a un agresor; en la misma sintonía, Paolini, abogada y también defensora pública, considera que debe construirse "una nueva perspectiva de género" a la hora de investigar los circuitos delictivos.
"Lo que se investiga siempre es la periferia de los delitos, el menudeo, el caso de la mujer que vende en su casa y que tiene ahí un quiosquito porque no puede dejar sus tareas de cuidado, de su hijo, su hermano o su padre", dice la activista que por estos días participó de las actividades en el marco del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y puso también la mirada sobre el accionar "de las agencias policiales que históricamente criminalizan la periferia".
En ese escenario, Paolini señala que las mujeres quedan más solas en las tramas del delito. "Hay códigos que son de varones, que funcionan en red, que andan, se mueven y operan en el espacio público" y agrega: "Las mujeres tienen otras redes en otros espacios, pero en el ambiente del delito donde quedan solas y en esos contextos las matan".
Cuatro femicidios
En julio pasado, Estefanía Mariel Gorosito, de 28 años, y su hermana Marianela Andrea, de 25, fueron halladas en un descampado ubicado en Camino del Indio y Chajá, una zona semirrural de la periferia de Cabín 9. Los cuerpos presentaban varios balazos , aunque en el lugar había una vaina servida, se presume que fueron asesinadas en otro sitio y luego arrojadas allí.
Más allá de que una de las pistas del doble homicidio estuviera vinculada al narcomenudeo y una deuda con un detenido que aún opera desde la cárcel, el fiscal Matías Saldutti no descartaba otras, pero lo que sí marcó sin dejar lugar a dudas al momento de imputar a un joven de 18 años y a un hombre de 30 detenidos por el hecho es que se trata un episodio que se produjo en contexto de violencia de género.
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"Estamos hablando de la muerte violenta de dos mujeres en un contexto de violencia de género, vimos la violencia y atrocidad con que fueron cometidos los hechos y también por la forma y lugar de descarte de los cuerpos", señaló el fiscal.
El mismo fiscal, en septiembre pasado, estaba de turno cuando Carla Cabaña y Magalí Páez, dos amigas, fueron asesinadas en una casa de Nuevo Alberdi. Carla, de 30 años, había dado albergue a Magalí en su vivienda de Luzarriaga al 2400, donde vivía con sus cuatro hijos de entre 2 y 12 años. Allí, las mataron a ambas, frente a los chicos, de un disparo a cada una. También en este caso hubo versiones de la supuesta relación de una de las víctimas con la venta de estupefacientes, una de las líneas que el fiscal no desestimó, pero sin dejar de señalar ante todo que se trataba de un femicidio.
"Estamos hablando de un caso de femicidio, un hecho violento dirigido y directo contra dos mujeres, en un contexto de vulnerabilidad clara", volvió a decir Saldutti.
Darlo vuelta
Sin embargo, más de una vez el planteo puede ser rechazado. De eso sabe el fiscal Alejandro Ferlazzo que investigó en 2018 el crimen de María del Rosario Vera, la joven de 23 años y madre de cuatro hijos que en un contexto de consumo y narcomenudeo fue golpeada y estrangulada para que después su cuerpo fuera arrojado a un volquete y prendido fuego en la zona oeste de la ciudad.
Aunque para el fiscal sostuvo desde el principio que el homicidio de la joven se había producido en un contexto de desigualdad de poder y mediando la violencia de género, un primer fallo no reconoció la figura de femicidio y condenó a Néstor Sánchez en el marco de homicidio simple, un delito que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. En tanto, el femicidio conlleva una condena de prisión perpetua.
"Recién logramos darlo vuelta en segunda instancia", recordó Ferlazzo, señalando lo que sucedió recién en 2022, cuando la Cámara Penal reconoció los hechos "macabros y brutales" cometidos contra María del Rosario y finalmente, aunque con un fallo divido, calificó el caso como femicidio y así el acusado fue sentenciado a prisión perpetua.
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"Toda la muerte de mujer debe investigarse con perspectiva de género, lo que no implica direccionar la investigación, pero sí investigar a los autores y al móvil, así como todos los extremos para determinar si existe un femicidio", dijo el fiscal quien consideró que "está claro que no es necesario que haya una relación de pareja entre el autor y la víctima" y agregó que "el contexto de narcocriminalidad que existía era también una nota de violencia género".
Sin embargo, aclaró una y otra vez que no "hay absolutos" y que cada caso "debe investigarse.
"Solo podía ser una mujer"
En el mismo tono que su colega y marcando que "no pueden hacerse generalizaciones" la fiscal Georgina Pairola afirma que "cada caso de muerte de una mujer enciende una alarma y te pone frente a la posibilidad de estar ante un femicidio, por lo que nunca debe descartarse esa forma de investigarlo".
Sin embargo, deja en claro que hay "casos más prístinos que otros", donde es necesario "indagar más tanto en el móvil como en el contexto" e incluso "tirar de esa hipótesis hasta las últimas consecuencias para que no se pase".
En ese punto y en relación a los contextos de narcocriminalidad, Pairola explica que "si tenés una mujer atendiendo un bunker de drogas, viene alguien y le dispara, y se suma que esa mujer estaba en condiciones de extremas de vulnerabilidad dadas por el hecho de ser mujer (dependencia por consumo o ser considerada un objeto, por ejemplo), ese escenario hace a un contexto de violencia de género".
Lo mismo agrega cuando las mujeres son objetos de venganza por ser madres o hermanas de determinada persona, lo mismo que sucede con los hijos. "Tocar a la «mujer de» es tocar una posesión", agrega.
La fiscal señala que el ingreso de las mujeres a los circuitos delictivos "no hace más que reproducir lo que se da en el resto de las economías, las mujeres ocupan mayoritariamente los puestos de menor jerarquía" y detalla que "incluso son quienes asisten a los varones en las cárceles y desde allí muchas veces reciben órdenes de lo que deben hacer en relación a toda su vida; un control más allá del muro".
