En 2023 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Senasa debía extremar los controles sobre los alimentos en la zona, pero aún no se cumple en su totalidad
Foto: La Capital / Archivo.
La resolución de la Justicia Federal exige al Senasa que controle los grandes centros de distribución de frutas y verduras en Rosario
Un abogado, acompañado por el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reclamó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) controle y evalúe de forma eficiente y eficaz los químicos de las frutas y verduras que se venden en los mercados de Rosario, desde donde distribuyen los alimentos a los comercios de la ciudad y alrededores.
Hace casi 10 años, el abogado rosarino Enrique Zárate comprobó que las frutas y verduras que se consumían en Rosario estaban contaminados con plaguicidas y otros agrotóxicos perjudiciales para la salud. Esa prueba sirvió para hacer una presentación judicial para que el Senasa se haga cargo de evaluar los alimentos y dejar un registro público.
Días atrás, Zárate presentó ante la Justicia un pedido explicito para que se lleven adelante los controles y las publicaciones correspondientes. "La información que ofrece el Senasa es deficitaria y deja de lado algunos elementos que deben ser considerados", explicó el letrado a La Capital.
Esta semana fue el propio Zárate que solicitó una revisión de las mediciones que el Senasa desarrolla. El abogado explica que se utilizó cromatografía líquida (HPLC), considerada menos precisa que la cromatografía de gases (GC-MS) para la detección de plaguicidas, esto deriva a un margen de error de un 50%. Además, en los ocho estudios que se realizaron en los últimos 120 días no se analizó ni frutas en cantidad ni cereales, a pesar de su importancia en la dieta diaria.
En concreto en la última medición se tomaron muestras de papa, zanahoria, zapallo, pimiento y tomate (la única fruta) sin detectar plaguicidas en ninguna de las muestras. Ante esta situación, Zárate se plantó y puso en duda esos resultados, ya que se habían detectado estos agroquímicos, algunos prohibidos, en visitas anteriores. Además, puso como ejemplo los mercados de Tucumán donde se encontraron residuos de plaguicidas en varios productos, como pimiento, tomate y zanahoria, incluyendo Acetamiprid, Tebuconazole, Imidacloprid, entre otros.
En otro orden, Zárate citó a las muestras realizadas por la provincia de Santa Fe, las cuales mostraron un 37% de desviaciones de uso, es decir, presencia de plaguicidas no permitidos o en concentraciones inadecuadas en zanahoria o zapallito, por ejemplo.
El periplo por la Justicia federal comenzó en 2016. Presentaciones, apelaciones, idas y vueltas, finalmente la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que avaló en 2023 el reclamo de Zárate dando lugar a los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la ley General de Ambiente N° 25.675, que garantizan el derecho de toda persona a un ambiente sano y el acceso a información sobre la calidad de los productos alimenticios. Sin embargo, casi siete años después, La Capital recorrió la web oficial del Senasa sin encontrar informes referidos al tema.
“Acá un organismo estatal estuvo litigando, como varias otras áreas del Estado, para no hacer lo que tiene que hacer. Si pusieran esa energía en hacer los controles, los resultados serían diferentes”, explicó Matías De Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que acompaña de cerca el reclamo del abogado denunciante.
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La Justicia resolvió que, a través de la Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal del Senasa, se realicen seis inspecciones y 24 monitoreos anuales sobre frutas, verduras, hortalizas de tráfico federal que se comercializan en el Mercado de Productores de Rosario y en el Mercado de Concentración de Fisherton. En este sentido, instó al organismo estatal a coordinar esfuerzos con autoridades provinciales y municipales para realizar las evaluaciones y minimizar la presencia de contaminantes en los alimentos.
Además, la jueza federal Sylvia Aramberri exigió garantías para el acceso a la información, según la ley N° 27.275, obligando al Senasa a publicar los resultados de los relevamientos para dar conocimiento a la comunidad.
A pesar de que Senasa aseguró realizar informes del estado de los alimentos en relación con químicos, la Justicia evaluó que se trataban de trabajos insuficientes. Bajo esta mirada, uno de los puntos más relevantes del fallo fue la inclusión del glifosato en los monitoreos, una cuestión la dependencia del Estado intentó evitar alegando que su uso se concentra en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo y no en hortalizas. Sin embargo, la jueza consideró que su presencia debía ser analizada en las muestras tomadas en los mercados rosarinos.
De Bueno destacó que la importancia de la sentencia recae en reconocer las pruebas, “las mismas que mostraban que los alimentos que consumen todos los rosarinos estaban excedidos en cantidad de químicos y de hidroquímicos”. En esta línea, reconoció: “Es importante que los ciudadanos podamos consumir estos alimentos libres de cualquier químico contaminante”.
El Área de Política Ambiental de la UNR se puso a la par de Zárate para “poder hacer efectiva la sentencia” y De Bueno exigió una Justicia especialista en temas ambientales. “El problema que tiene el derecho ambiental principalmente es la eficacia de los fallos de la Corte, que se dictan y muchas veces quedan en la letra del fallo y es difícil llevarlo a la práctica”, reclamó.
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Por Gonzalo Santamaría
Por Elbio Evangeliste
