La decisión del juez federal de Victoria Federico Martin de autorizar a los empresarios Fabio Di Fonzo y Juan Pedro Nazar a retirar del Delta del Paraná 730 toneladas de maíz sembradas y cosechadas tras los incendios ocurridos en la zona de islas denominadas Lechiguanas, a la altura de Ramallo, no solo es para los ambientalistas "una arbitrariedad" que desoye el derecho ambiental, sino además "un antecedente peligroso".
Desde el Paraná No se Toca, Pablo Contador describió el circulo que comenzó hace ya tres años y lamentó que la cautelar del magistrado no hace más que "avalar todo el círculo que comenzó con las quemasen 2020, siguió con la construcción de terraplenes y el ingreso de maquinaria agrícola, el arado y el sembrado en zona de humedal". Concluyó: "Ahora les permite sacar la cosecha y lo que hace Martín y la Justicia entrerriana es avalar el fuego".
La decisión del magistrado se conoció en las últimas horas y no es la primera puesta bajo la lupa por las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, desde el Paraná No se Toca, tras esperar casi dos décadas que se resolviera en Victoria la vacancia del juzgado federal, admitieron la sorpresa que vienen provocando las decisiones del magistrado que tiene bajo su jurisdicción gran parte del humedal entrerriano.
"Cuando después de 17 años se nos notificó que finalmente Victoria tendría un juez federal aplaudimos la noticia -señaló el ambientalista-. Pensamos que iba a significar tener alguien más cerca en resguardo del humedal, pero esta decisión es un baldazo de agua fría".
Contador señaló que la zona de las islas Lechiguanas, donde los empresarios llegaron a construir ilegalmente terraplenes de 800 y hasta 4.500 hectáreas cuando comenzó la bajante del río en 2020, se convirtió en un lugar "emblemático del Delta del Paraná porque allí se produjeron a lo largo de ese año grandes incendios", indicó.
"Contra le ley metió máquinas agrícolas, aró el lugar y todo eso está registrado a través de drones. Fumigó la zona y toda la zona del humedal, las lagunas y los arroyos quedó destruida, como si le hubieran tirado una bomba", relató sobre el contexto en el cual se originó la presentación en la Justicia que a través de las dos organizaciones ambientalistas Unidos por la Vida y el Ambiente de Ramallo y el Cuenca del Río Paraná de Rosario fueron a la Justicia con el patrocinio de Fabián Maggi.
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Organizaciones ambientalistas vienen denunciando la siembra intensiva y la actividad ganadera en la zona de islas.
De hecho, el abogado explicó que "ese sector viene siendo desde hace una década objeto de estudio de investigadores del Conicet desde el punto de vista biológico y de la biodiversidad y es considerado, y aún como está hoy lo es, de un alto valor ambiental".
Por eso, la autorización de Martin a los empresarios de sacar de la zona las 730 toneladas de maíz producidas en ese contexto y sin ni siquiera cautelar lo producido cuando aún la Justicia investiga si se trata de una cosecha producida en el contexto de un delito ambiental, no solo es criticada en sí misma, sino que además "sienta un antecedente peligrosísimo".
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"Qué garantías tenemos que estos empresarios no lo van a volver a hacer si al fin y al cabo llevaron adelante todo el proceso de manera ilegal y la cosecha lejos de quedar retenida, ahora se le autoriza al retiro y ni siquiera deben informar a la Justicia cuánto es y dónde irá a parar", recalcaron tanto desde de Paraná No se Toca como el abogado de la causa.
Juez de oídos sordos
Maggi recordó que el conflicto con los empresarios se tramita en dos causas una en el fuero civil y otra en el fuero penal, que aún está en proceso y donde se espera que se defina si el accionar Fonzi y Nazar sobre el humedal constituyó un delito ambiental.
La oposición de las organizaciones ambientalistas a que se retire lo producido durante la cosecha y que ahora Martin autoriza tiene sus razones y aclaran: "Nuestra intención no es que el grano se pierda".
"Lo que reclamamos es que ese retiro se lleve adelante con los recaudos mínimos: cuánto se retira, dónde se lleva y que se va a hacer con eso", indicó Maggi y agregó: "Esa cosecha es un producido que está en el marco de un proceso judicial y puede provenir de la comisión de un delito y así está planteado en la causa penal, es lo mismo que si fuera dinero proveniente del narcotráfico. Lo producido debería quedar a resguardo dentro de la causa".
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De hecho, una de las mayores críticas al magistrado es haber desoído no solo a los ambientalistas, sino incluso a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación que recomendó Martin que se determine "cuál es la cantidad, la especie y el destino".
"El juez desoyó esas recomendaciones con argumentos arbitrarios, diciendo que no existía medida cautelar vigente cuando es él el magistrado y es él quien debe dictaminarla para defender los intereses generales -continuó Maggi-. Este es el juez que esperamos 18 años, una persona joven, pero que desconoce por completo las normas protectorias del derecho ambiental".
Hacia terrenos más vírgenes
El ambientalista de El Paraná No se Toca señaló que el desarrollo que los empresarios Di Fonzi y Nazar llevaron adelante sobre el Delta entrerriano y que tiene como punto urbano más cercano a la localidad de Ramallo "es el más grande de la zona" y el "único a esa escala".
"Ese tipo de desarrollos se dan más hacia el sur de nuestra zona", explicó Cantador y detalló que en el sector de Rosario no se registran emprendimientos agrícolas a gran escala, aunque sí actividad ganadera. Y puntualizó el que existe en el kilómetro 44 de la traza vial que une Rosario con Victoria.
"Allí hay un emprendimiento ganadero más o menos de unos 12 kilómetros", detalló.
Sin embargo, como antecedente, lo que sucede más hacia el sur tiene a los ambientalistas en estado de alerta. "Lo que vemos es que ahora se da en ese sector del humedal que es donde arrancaron, pero el problema es que escalen y que comiencen a avanzar sobre sectores más vírgenes del humedal", detalló reconociendo los "temores" que tienen frente a este escenario.