Este miércoles, habrá otra manifestación para acompañar el tratamiento de la ley que declara la emergencia al sector
Foto: La Capital/Virginia Benedetto.
Tranportistas e instituciones de asistencia a personas con discapacidad organizaron una protesta el martes 22 de abril de 2025 en bulevar Oroño y Córdoba.
Personas con discapacidad, sus familias, referentes de instituciones, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes y transportistas volverán a movilizarse este miércoles a la plaza San Martín para acompañar el comienzo de tratamiento de la ley que declara la emergencia en el sector.
"La manifestación se replicará en otras ciudades del país para denunciar la crisis que atraviesan las instituciones que brindan cuidados y rehabilitación a las personas con discapacidad por la falta de actualización de los aranceles de los servicios que ofrecen.
El proyecto para la declaración de la emergencia busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad” mediante medidas urgentes y estructurales.
Entre otros puntos, se podrá actualizar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que abonan las obras sociales y el sistema de previsión social. La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Daniel Arroyo (Unión por la Patria) el año pasado y obtuvo despacho de comisión hace un mes.
La concentración de este miércoles busca acompañar el inicio del debate legislativo de la iniciativa. En la plaza San Martín, a partir de las 11, se instalará una pantalla gigante para seguir de cerca los discursos de los diputados. "Tenemos información precisa de que la cámara lo va a tratar y hay muchas expectativas", apuntó Luciano Urrutia, vice presidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis).
No es la primera vez que el sector se moviliza para reclamar por la declaración de emergencia. Sin ir más lejos, el jueves pasado protestaron en plaza San Martín y advirtieron que la situación es “crítica, extrema y sostenida en el tiempo” y advirtieron que el "desfinanciamiento del sector es prácticamente un genocidio.
Para Urrutia, ambas actividades y la cantidad de personas, profesionales e instituciones que participaron son "un reflejo muy claro del alcance que tiene la crisis".
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La iniciativa declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional desde la sanción de la ley hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.
La norma permite modificar leyes y decretos y adoptar medidas legislativas, ejecutivas o administrativas para asegurar, entre otros, los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad.
El gobierno nacional deberá asegurar el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social y fortalecer a los prestadores de servicios para personas con discapacidad asegurando "en forma expeditiva y simplificada" el acceso a un régimen de regularización de deudas tributarias.
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Además se ordena disponer el financiamiento adecuado y sostenible e implementar en forma expeditiva la actualización mensual del valor de los aranceles de las prestaciones e implementar una compensación arancelaria.
Al mismo tiempo, se dispone el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y de los programas de atención médica de titulares de pensiones no contributivas, de acciones de inclusión de las personas con discapacidad, de prevención de discapacidades, de promoción del modelo social de discapacidad y accesibilidad en municipios.
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