Las voces del sector de la discapacidad volvieron a sonar con fuerza este jueves en Rosario. Con pancartas, aplausos y carteles que reclamaban por derechos vulnerados, profesionales independientes, transportistas, representantes de instituciones, personas con discapacidad y sus familias se concentraron para visibilizar una situación que definen como “crítica, extrema y sostenida en el tiempo”. El reclamo fue unánime: que el Congreso apruebe de manera urgente la ley de emergencia, un proyecto que podría debatirse la semana próxima en la Cámara de Diputados.
La movilización estuvo acompañada por múltiples sectores. "La situación es gravísima y se arrastra desde hace tiempo. Pero lo más importante es que el próximo miércoles en el Congreso se va a debatir la ley de emergencia. Creemos que es central que se apruebe, porque viene a dar respuestas a muchos de los conflictos que denunciamos desde hace años”, explicó Pablo Bolego, presidente de Atraes, la asociación que nuclea a los transportistas del sector.
El dirigente advirtió que, si bien no están realizando actualmente una medida de fuerza, el panorama es extremadamente delicado. “Desde la devaluación del año pasado, el precio del combustible se triplicó, pero el Estado nos sigue pagando lo mismo. Hay transportistas que están dejando de trabajar, y eso implica que personas con discapacidad pierdan un servicio vital para su vida diaria. Es una cadena de abandono”. sostuvo.
Los problemas no son nuevos, pero se profundizaron con la crisis económica. Mariel Chapero, referente de Apridis (una red de instituciones del sector), sostuvo: “El reclamo que hacemos es para que se apruebe la ley de emergencia de discapacidad porque entendemos que es una de las posibilidades que traería alivio al sector, recomponiendo una situación de crisis que venimos transitando ya desde hace mucho tiempo y que hoy se hace insostenible”.
Discapacidad: todos los eslabones del sector afectados
Chapero detalló que esta crisis afecta a todos los eslabones del sistema: “La situación crítica de las personas con discapacidad, de los profesionales, las instituciones, transportistas… todo el sector ha sufrido múltiples ataques. Desde los usuarios y usuarias de pensiones no contributivas hasta los trabajadores y las trabajadoras, que estamos en una situación de precarización extrema y al borde de dejar de brindar los servicios”.
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La expectativa por la sesión en Diputados es alta, aunque también se manifestó cierta incertidumbre. “Tenemos expectativas de que si hay quórum en la Cámara se pueda aprobar la ley. Pero la gran preocupación que tenemos es qué respuesta va a tener el Ejecutivo si esta ley se aprueba”, planteó Chapero. Y advirtió: “Lo que nosotros planteamos es que las ordenadas que plantea la ley son absolutamente necesarias, pero lo que necesitamos es urgente. En algunos casos, la aprobación de la ley está demasiado lejos, porque hay espacios que no tienen posibilidad ya la semana que viene de pagar sueldos de marzo”.
"La discapacidad nos atraviesa a todos"
La psicóloga Gabriela Fernández, que coordina el área de accesibilidad de la Facultad de Psicología de la UNR, también participó de la movilización. “Estamos acá defendiendo los derechos de todos y todas, porque nadie está exento de tener una discapacidad en su persona o en su familia. Y así no aconteciere algo de esto, la discapacidad nos atraviesa a todos”, remarcó.
Fernández fue contundente: “Es muchísima la preocupación que tenemos. El desfinanciamiento del sector es prácticamente un genocidio. Es horroroso. Hay un gran desconocimiento por parte de quienes nos gobiernan sobre los derechos de las personas con discapacidad. La falta de cobertura en prestaciones de salud hace que las situaciones que antes eran precarizadas, ahora sean absolutamente extremas. Esta desregulación del sistema hace que todos corramos riesgos”.
Desde su rol dentro de la universidad pública, también describió un panorama adverso: “Yo coordino un equipo que acompaña las trayectorias educativas de estudiantes universitarios con discapacidad. Pero con el desfinanciamiento, la precarización y el estado de los salarios, es muy difícil acompañar. Es muy difícil que la deserción no sea cada vez mayor”.
Fernández también expresó su expectativa por la sesión del miércoles. “Sí, ojalá se apruebe la ley. Por eso estamos luchando. Pero de todos modos, ya es mucho lo que hemos retrocedido en materia de derechos”.
Reclamos, notificaciones y angustia
El martes, en la Defensoría del Pueblo, las instituciones que trabajan con la problemática de la discapacidad brindaron una conferencia de prensa, acompañados del Defensor del Pueblo de la provincia, Gabriel Savino, y el senador nacional Marcelo Lewandowski, advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el sector y los problemas generados por el proceso de auditoría de las pensiones no contributivas.
"Todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder a sus tratamientos, todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder al servicio de transporte. Esto es realmente sumamente grave, e insisto, no tenemos ninguna respuesta, la respuesta es que no hay respuesta", apuntó.
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Lewandowski recordó que en el Senado se presentaron varios pedidos de informes sobre el tema y propuestas de interpelación al Secretario de Salud de la Nación y al encargado de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "Lamentablemente no tenemos respuesta", sostuvo y consideró que esta omisión "es una demostración clara de lo que es la crueldad con personas que necesitan atención, transporte y cuidados para mejorar su calidad de vida".
El senador advirtió sobre la angustia que generan las auditorías para las personas que necesitan la pensión. "Conviven con la duda sobre si van a tener el subsidio, si van a tener o no la posibilidad de ir a una institución a seguir trabajando y evolucionando, como lo están haciendo", apuntó.
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El Defensor del Pueblo de la provincia apuntó que desde noviembre del año están solicitando información, junto a colegios profesionales y las instituciones, sobre el desarrollo de las auditorías. "Esto no es un problema específicamente de Santa Fe, es un problema de todo nuestro país. En Santa Fe teníamos 70.000 pensiones que corrían peligro, por eso nosotros empezamos a hacer un trabajo en consonancia específicamente con la protección de los derechos", explicó.
El funcionario advirtió que muchos beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral no recibieron las notificaciones para presentarse al operativo de fiscalización o no recibieron la información correcta. "Nosotros planteamos que toda auditoría es buena, no decimos que no hay que controlar, pero advertimos que se trata de una política pública que al principio fue mal planificada porque vulnera los derechos que tienen que ver con la persona con discapacidad y de sectores que si se le baja la pensión a estas personas lo dejamos verdaderamente sin ninguna herramienta para seguir subsistiendo".
