El proyecto contra el lavado de dinero divide opiniones en el Concejo Municipal

Con la participación de funcionarios del área de Gobierno del gabinete del intendente Pablo Jakvin, el Concejo comenzó a desmenuzar el proyecto de la Intendencia contra el lavado de dinero, con la idea de avanzar legislativamente antes del segundo semestre del año. El javkinismo se juega una patriada en la comisión de Gobierno, donde deberá sumar dos votos para permitir la llegada del expediente al recinto.

Las presencias del secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y de la secretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, fueron el plafond en donde el Ejecutivo se apoyó ayer para buscar el consenso con otras fuerzas políticas.

El expediente ingresó a Gobierno, una comisión que es presidida por la líder de Ciudad Futura Caren Tepp junto a su compañera de bancada Jesica Pellegrini, y que también integran el peronismo con Julia Irigoitía, la radical-PRO Daniela León y el macrista Alejandro Rosselló, el javkinista Fabrizio Fiatti y la socialista Verónica Irizar.

Allí, el oficialismo tiene dos votos y deberá ir en búsqueda de al menos otros dos para conseguir despacho e ir al recinto.

“Fue una reunión donde presentamos la iniciativa del Ejecutivo y los funcionarios dieron respuesta a las inquietudes de los concejales”, mencionó Fiatti a La Capital para agregar: “Es un avance en relación a lo que la actual normativa dispone, que hoy no responde a las necesidades que observamos. Ahora es preciso pasar a un rol más activo. De la mano de la digitalización de los trámites y la implementación del perfil digital podemos generar un mecanismo de alertas que serán valoradas por un equipo y se dé lugar a la presentación de reportes en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) o la formulación de denuncias en Fiscalía”.

Un punto de discusión entre las fuerzas políticas fue la conformación de una agencia específica, mientras que el javkinismo sostiene que hay que establecer un protocolo que defina alertas por cada área de habilitaciones en los distritos.

“Necesitamos actualizar la norma también para incorporar nuevos sujetos obligados y nuevos rubros, para aportar más y mejor a las investigaciones criminales. Queremos abarcar los fideicomisos, además de las sociedades, establecer valores para las inversiones a partir de los cuales deban informar y que esos valores se actualicen periódica y automáticamente. En el caso de la construcción, hay que exigir que sea al presentar un permiso de edificación en los casos que sean alcanzados, obras que superen los 500 metros cuadrados”, subrayó Fiatti.

Críticas y propuestas  

Tepp subrayó que la normativa con 8 años ya de vigencia “claramente no ha aportado hacer una detección de las economías delictivas en inversiones de la economía legal”, y a su vez indicó que “esta modificación es para ampliar rubros y encender alertas, algo necesario pero insuficiente”.

En tal sentido, consideró que “hace falta una pata operativa en la detección de alarmas y en la intervención en las economías informales”.

Ciudad Futura propone crear una agencia de Justicia mediante cargos concursados para que un cuerpo especializado detecte irregularidades, se presente como querellante en Fiscalía y frene desde lo administrativo inversiones en los que se detecte en su origen fondos inconsistentes.

El debate proseguirá el martes próximo. “Más que aprobar rápidamente una nueva ordenanza, lo que hay que bregar es para que se corte la ruta del dinero narco que desató la violencia en Rosario. Si no; todo será un simulacro”, advirtió Tepp.

Por el lado del radicalismo-macrista, Martín Rosúa puntualizó sus objeciones al proyecto oficial. “Se pierde de vista la dimensión del conflicto social que estamos legislando. Violencia urbana y crimen organizado que desborda las respuestas del Estado. Hay que dejar de lado ese rol pasivo, de mero contralor formal de las inversiones, y pasar a un rol activo del municipio, con datos propios y el intercambio de información. Hay que identificar las situaciones donde exista una notoria incongruencia entre el patrimonio o los bienes de una persona con la nula o inexistente actividad económica o comercial que lo justifique”, señaló.

Además, el edil también recordó que “la norma vigente no fue suficiente para atacar el problema. No conocemos que se hayan detectado numerosas inversiones provenientes de fondos ilícitos, no conocemos denuncias penales realizadas por el municipio, y mucho menos procesos judiciales que hayan terminado en sentencia condenatoria”.

Competencia municipal

En coincidencia con Ciudad Futura, Rosúa propuso armar un equipo de profesionales en la materia que cruce permanentemente los datos que el municipio tiene (sobre titularidad de bienes y sobre actividad económica), para buscar incongruencias manifiestas, y ahí realizar la correspondiente denuncia penal.

“Ante esta situación crítica, no podemos dejar ajeno a esta lucha al municipio, que por cercanía e información, es quien mejor contacto puede tener con esta realidad. Discutimos con el Ejecutivo sobre este punto, le preguntamos el fundamento legal de la incompetencia que ellos esgrimen, y no hubo respuestas claras ni contundentes. Solo generalidades”, marcó.

La oposición criticó a la Intendencia por no crear un área específica sino colocar las obligaciones en cabeza de funcionarios municipales de distintas áreas. “El mecanismo de control que proponen solo actúa ante nuevas inversiones. Para los casos ya existentes, no funciona. Y eso deja un bache grande”, advirtió Rosúa.