La Municipalidad de Rosario deberá pagar $1.100.000 por daños y perjuicios a partir de las lesiones que sufrió una mujer por una vereda céntrica en mal estado, según un falló dictado por el Tribunal Extracontractual Nº1. No es la primera sentencia en contra del municipio por este tema. Es que el mal estado de las veredas de la ciudad causan periódicamente accidentes en los peatones.
El accidente ocurrió el 29 de julio de 2014 poco después de las 8, cuando I.D.R (tenía 63 años en ese momento) tropezó producto de un pozo que había en la vereda por falta de baldosas, mientras caminaba por Sarmiento y 9 de Julio.
De acuerdo a la sentencia, la víctima sufrió una incapacidad física del 11% como consecuencia de ese siniestro, puesto que también le ocasionó una limitación funcional en hombro y muñecas derechas compatibles con las lesiones que padeció en el accidente.
En tanto, el municipio negó la existencia de ese siniestro y destacó "la eximente de responsabilidad por culpa de la propia víctima o de un tercero (en alusión al frentista)", al tiempo que adujo que la mujer debió haber "estado atenta" a esa contingencia.
Sin embargo, las juezas Susana Igarzábal, Mariana Varela y Luciana Martínez expusieron que la Corte de Suprema de la Nación puntualizó que “el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos”.
En tal sentido, añadieron que “en determinadas circunstancias puede ser generadora de daños con responsabilidad imputable a su dueño o guardián. Dichas circunstancias devienen del mantenimiento defectuoso, roturas, irregularidades que conspiran contra un uso normal de la cosa en condiciones de seguridad”.
“Si la cosa inerte tiene participación activa en la producción del daño sufrido por quien la utiliza (por ejemplo, piso normalmente resbaladizo, acera deteriorada o con pozos) nada excluye la responsabilidad legalmente atribuida al dueño o al guardián”, puntualizaron en el fallo.
De esta manera, el municipio fue condenado a pagar poco más de $600 mil pesos, suma que alcanza el $1.100.000 producto de la incapacidad física, daño moral y gastos médicos.
La Justicia Federal los imputó de suministro ilegal de estupefacientes y por el ejercicio ilegal de la medicina