El gravísimo caso de supuesto abuso sexual de una adolescente en el ámbito de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, que tiene a un acompañante terapéutico imputado y con pedido de pena de 16 años de prisión, detonó la renuncia de una funcionaria clave: la subsecretaria del área Alejandra Fedele. La funcionaria se alejó del cargo por marcadas diferencias con la directora del organismo, Patricia Virgilio, ante las desprolijidades que demoraron la denuncia del caso. Si bien se iba a presentar hoy en Fiscalía para aportar elementos a otra investigación por el supuesto mal desempeño de funcionarios, imprevistamente se cerró la pesquisa (ver aparte).
La dimisión de Fedele, una militante del Movimiento Evita que desembarcó en Niñez por su trabajo territorial de muchos años con las infancias vulnerables, se formalizó a fines en agosto, cuando el gobernador Omar Perotti aceptó la renuncia. Pero no se dio a conocer oficialmente a pesar de que las altas y bajas en el ámbito de la administración pública se deben publicitar. Una decisión atada a tiempos electorales donde no hay margen para escándalos que afecten la gobernabilidad.
Por lo que pudo averiguar La Capital, la funcionaria se alejó del cargo ante las insalvables diferencias con la directora de Niñez, Patricia Virgilio, una mujer que viene de la gestión socialista y asumió cuando Perotti se hizo cargo de la Casa Gris.
Tres meses para denunciar
Según constancias que la Fiscalía debe profundizar, Virgilio, autoridad jerárquica para denunciar el hecho, estaba en conocimiento del presunto caso de abuso sexual contra una niña dentro de un hogar de tránsito desde el 8 de enero de 2021, cuando al mismo tiempo que Fedele recibió un correo electrónico donde el acompañante terapéutico actual de la víctima la ponía al tanto del gravísimo suceso al escucharlo de boca de la propia nena.
Sin embargo, y por razones que no están claras, la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) recién se formalizó el 13 de abril de este año. Es que a mediados de noviembre de 2020 la víctima, aún institucionalizada y ahora mayor de edad, quedó en estado de shock cuando se cruzó en la oficina de Niñez (Ricardone y Corrientes) con su agresor, que seguía como empleado del organismo.
Preso hasta el juicio
En ese momento la chica estaba con su celador, a quien le confesó que el hombre la había abusado sexualmente cuando tenía entre 12 y 13 años, en 2016, mientras residía en el dispositivo conocido como Pensión de la Música (San Juan al 600) tras una medida excepcional por su situación de vulnerabilidad.
El sospechoso, identificado como Daniel Augusto A.C, de 34 años, se entregó a la justicia, fue sometido a una audiencia imputativa, quedó en prisión preventiva efectiva hasta el juicio oral y público (se ratificó hace una semana), y enfrenta un pedido de pena de 16 años de prisión. El fiscal Ramiro González Raggio lo acusa de al menos tres hechos de abuso sexual gravemente ultrajante por ser el encargado de la guarda de la víctima.
El legajo penal por el posible mal desempeño de los funcionarios es otro capítulo que arrojó novedades en las últimas horas. Ayer, luego de tomar testimoniales, la fiscal a cargo, Mariángeles Lagar, decidió desestimarla a pesar de indicios para indagar sobre los motivos por los cuales los directivos de Niñez cajonearon por tres meses la denuncia judicial del abuso.
Grave omisión que no se profundiza
La resolución de Lagar parece no tener el mismo tenor que lo advertido por el juez Gonzalo López Quintana, que al aceptar la imputación del celador solicitó poner en conocimiento al gobernador Perotti ante “la omisión de denunciar el caso por parte de funcionarios de jerarquía de la Dirección Provincial de Niñez, sin perjuicio de las actuaciones que inicie el MPA por la posible comisión de delitos de acción pública”.
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Es más, fuentes cercanas a la pesquisa indicaron que hay elementos para demostrar que el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Danilo Capitani, fue notificado por escrito a tiempo de estas irregularidades administrativas en Niñez, pero no hubo reacción ni respuesta ante la vulneración de los derechos de la víctima.
El alejamiento de Fedele está emparentado con diferencias de criterio insalvables a la hora de abordar el caso. Es que según allegados, el 12 de abril, cuando Fedele se enteró que la víctima había sufrido una crisis de nervios, le preguntó a Virgilio qué fiscal había tomando la denuncia, que supuso se había presentado en enero. Pero Virgilio le dijo que no la había presentado. En ese momento se desató una crisis interna. Al otro día se hizo la presentación en la Fiscalía con la firma de las dos funcionarias.
En el escándalo no faltan las referencias gremiales, ya que Virgilio está ligada a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En Niñez circuló que cuando se enteró del abuso, interpretó que era una maniobra de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para perjudicar su gestión, ya que se trata de otro gremio opositor que integra el área. Una lectura alejada del peso propio que tienen los graves hechos que investiga la Fiscalía, con un acompañante terapéutico detenido y encaminando a un juicio.
De la gravedad institucional a la conducta "atípica"
El caso de abuso sexual en la Dirección de Niñez motivó la apertura de dos causas penales. En una de ellas se investiga la conducta del celador Daniel Augusto A.C, de 34 años, acusado por los vejámenes en la Pensión de la Música, donde la víctima denuncio que fue sometida.
Cuando el celador fue imputado el juez López Quintana, a instancias de las evidencias que exhibió el fiscal González Raggio, ordenó elevar urgente las actuaciones al gobernador Omar Perotti ante la gravedad institucional que exhibía el hecho, y para que se inicien los sumarios administrativos y de corresponder, se abra el legajo penal por “la omisión” de denunciar el caso por parte de funcionarios de jerarquía de la Dirección Provincial de Niñez, lo cual expone una clara vulneración de derechos sobre la víctima.
En esa causa intervino la fiscal Lagar. Sin novedades oficiales sobre las medidas, salvo genéricos y escuetos partes donde daba cuenta que “tomó medidas en reserva”, “tomó testimoniales” a personas de “interés para la causa”, y que está “analizando” las que se acumularon en la causa de abuso.
Por lo que pudo saber este diario, Alejandra Fedele no fue convocada, tampoco otros funcionarios de jerarquía. Y el viernes habría declarado el acompañante terapéutico que elevo el informe al organismo en enero pasado.
A pesar de la complejidad de los hechos y de tratarse de un área sensible del Estado visiblemente afectada, la fiscal resolvió desestimar la denuncia por la probable violación de deberes de los funcionarios públicos de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.
Si bien brinda argumentos jurídicos y dogmáticos sobre la persecución penal, no se explaya sobre evidencia concreta, prueba, cotejo de documental. En el último tramo de la resolución dice que “la conducta narrada por la denunciante (...) resulta atípica, siendo que el hecho no encuadra en ninguna de las figuras específicas del Código Penal, sin perjuicio de iniciar/proseguir las acciones por vía civil o administrativa que puedan corresponder”.
