Por Eugenia Langone
En los casos de reincidencia, las víctimas de la violencia son las mismas mujeres que la habían sufrido de los mismos agresores.
En la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA) algunos días se atienden más de 30 denuncias. Las tres fiscales que conforman esa estructura vienen percibiendo en los últimos tiempos que los nombres de los denunciados se repiten. Así lo admite una de las funcionarias, Luciana Vallarela, y afirma que “los hombres que son condenados por violencia de género cumplen con su condena, salen en libertad y, cada vez en plazos más cortos, reinciden en el mismo delito”.
El dato cobra relevancia hoy, 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, un movimiento iniciado en 1981 en Latinoamérica en honor a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Trujillo.
¿Qué hace el sistema penitenciario con los varones violentos que no sea hacerlos más violentos?, ¿qué abordajes se proponen desde los diferentes niveles y poderes del Estado, y qué dispositivos son necesarios jerarquizar y profundizar para poder desaprender la violencia? Estas son algunas de las preguntas que plantea Vallarella.
La oficina en Rosario recibe en promedio entre 600 y 650 presentaciones mensuales, lo que en el trabajo cotidiano se cierra en unas 20 denuncias por día con diferentes niveles de gravedad, urgencia y abordaje, algo que está determinado fundamentalmente por “el nivel de riesgo en el que se encuentra la mujer que hace la presentación”, señala la fiscal.
Los criterios para determinar el escenario, un punto que las fiscales admiten aún debe afinarse y mejorarse, está dado por variables que se ponen en juego. “Hay casos de mayor riesgo, como cuando hay presencia de armas o condenas previas, en los que hay que actuar con celeridad y con un abordaje más punitivo; así como también hay situaciones donde las mujeres que se acercan a denunciar plantean que no quieren que el agresor vaya preso”, ejemplifica Vallarela.
Lo cierto es que además del acceso del atacante a un arma de fuego y la constatación de condenas previas por delitos de violencia por razones de género, “las lesiones de gravedad o situaciones donde el agresor haga un gran despliegue de violencia, aunque haya lesiones leves, hacen que se tomen intervenciones que buscan detenerlo”, detalla la fiscal.
En tanto, en los escenarios donde se advierte que el riesgo de vida para las víctimas es menor, o incluso la denunciante advierte que no quiere la detención, “se trabaja en respuestas alternativas más orientadas a evitar nuevos hechos de violencia; en los casos que es necesario trabajar sobre los consumos problemáticos, articular con otras instituciones del Estado para que puedan terminar sus estudios o incluso acceder a ayuda social, es decir, trabajar en modificar las condiciones donde esas violencias de género se producen”.
Más allá de las mecánicas de abordaje en cada caso, lo que las fiscales vienen registrando desde hace un tiempo entre los agresores es que los nombres se repiten. “Es llamativo: son hombres que fueron condenados, cumplen esa condena, recuperan su libertad y vuelven a cometer hechos”, señala la fiscal y recalca además que en la mayoría de los casos la violencia “vuelven a ejercerla sobre la misma víctima, y cada vez más rápido”.
Si bien existen dispositivos, incluso en Rosario en el marco de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad que trabajen en el abordaje de los varones violentos, esa fue una discusión que durante mucho tiempo generó resistencias.
Pero con el paso de los años la necesidad de trabajar con los agresores para prevenir la violencia sobre las mujeres es casi innegable, y en ese punto hace hincapié la fiscal al preguntarse “¿qué hace el sistema penitenciario con los hombres presos por violencia?”.
“El condenado por estos delitos no tiene abordaje específico; son varones que no reconocen la violencia contra las mujeres como un delito y ellos no se reconocen como sujetos de un delito, no hace falta más que escucharlos en las audiencias, donde justifican los hechos”, agrega.
En ese sentido, Vallarela no solo insistió en la necesidad sumar recursos y avanzar en la formación y capacitación en perspectiva de género de los operadores judiciales a través de la Ley Micaela, sino que también dejó en claro “la reeducación de los varones para que puedan reconocer sus acciones y desnaturalicen la violencia” como herramienta clave en la prevención, y sobre todo que evite la reincidencia.
Uno de los caminos en los que el MPA viene trabajando es en la articulación con el Dispositivo de Atención a Varones que ejercen Violencia de Género del municipio, un espacio que funciona desde 2015 y por el que pasa un promedio de 80 hombres por año derivados desde la justicia penal, y en muchos casos desde la propia Oficina de Violencia de Género.
Sin embargo, hasta ahora en todos los casos esa es una herramienta posible cuando hay condenas condicionales: el agresor no tiene antecedentes, queda en libertad con condiciones de conducta y se incluye el paso por ese espacio; o como condición en libertades condicionales. Avanzar hacia la posibilidad de sumar el dispositivo también en los casos de probation (juicio a prueba) y otros abordajes se cuentan entre los desafíos para evitar que dejen de repetirse los nombres de las agresores y de las mujeres víctimas de violencia.
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