El gobierno provincial pretende que la Legislatura sancione cuanto antes siete proyectos de ley considerados clave contra la inseguridad. El paquete incluye propuestas del Ejecutivo y de legisladores del Frente Progresista. Una de las propuestas apunta a reformar el Código Procesal Penal otorgándole más facultades a los fiscales, endureciendo la prisión preventiva y limitando los juicios abreviados. La otra novedad es la ley de decomiso y administración de bienes vinculados al delito. Si la norma es sancionada, Santa Fe será una de las primeras provincias que ataque el patrimonio de las bandas criminales, aún sin que exista una condena firme.
La batería de medidas a las que accedió en detalle La Capital fueron mencionadas por el gobernador Miguel Lifschitz el viernes, cuando le pidió en persona a un grupo de legisladores que aceleren su tratamiento en la Legislatura.
1.- Reforma al Código Procesal Penal: la propuesta la envió el Ejecutivo al Senado. Sugiere darle más facultades a los fiscales y obliga a la policía a detener a los imputados en delitos en flagrancia.
Además, acelera el procedimiento penal evitando audiencias que hacen más lento el trámite. Se endurece la prisión preventiva y se exige mayor rigurosidad para la celebración de un juicio abreviado para delitos graves.
2.- Designación subsidiaria de fiscales y defensores generales y regionales: los cargos jerárquicos de las fiscalías y del Servicio Público de la Defensa duran seis años.
Este proyecto de ley habilita la posibilidad para que los funcionarios con experiencia dentro del Poder Judicial puedan concursar para estos cargos de dirección de ambas instituciones, con la posibilidad de que al finalizar su mandato pasen a ser fiscales o defensores. Esta posibilidad estaba limitada para el primer mandato de todo el sistema y empiezan a vencerse en el año 2017.
3.- Reforma a la ley de personal policial: hace excepciones al procedimiento administrativo para sanciones disciplinarias, acelerando los tiempos, dándole importancia cuando los hechos investigados hayan sido de gran impacto social, con mayor control político sobre la fuerza.
Se incorporan las "tareas diferentes", que limitan los ascensos y el haber mensual. También regula los suplementos y el régimen para "disponibilidad" y la "revista pasiva" del personal en casos de imputación de delitos vinculados a drogas o en casos de delitos dolosos.
4- Ley de decomiso y administración de bienes: si este proyecto que se encuentra en Diputados avanza, Santa Fe será una de las primeras provincias del país que autorice la detección y cautela temprana de bienes vinculados al delito y adquiridos con sus ingresos, para poder posteriormente decomisarlos, aún sin que exista una condena firme en ciertos casos.
La iniciativa crea un registro único de bienes cautelados y decomisados y un organismo específico que los administre, como política de recupero de activos para abordar a bandas organizadas y apuntar al poder económico con el que se sostienen.
5.- Código Contravencional: se trata de un proyecto con media sanción del Senado presentada por el radical Lisandro Enrico. Hoy el sistema de faltas es objetado por su presunta inconstitucionalidad ya que el mismo juez provincial investiga y falla.
De prosperar la propuesta, la investigación de las faltas quedará a cargo de los fiscales. Se trata de una franja previa al delito y abordará temáticas relativas al entorno de los estadios de fútbol, pintadas, disturbios en las calles, ocupaciones de espacios públicos.
6.- Ampliación cantidad de fiscales: proyecto del diputado Jorge Henn que prevé la ampliación de la cantidad de fiscales titulares y adjuntos para las 5 circunscripciones de la provincia.
7.- Ley de subrogancia de fiscales: presentada por los diputados de la Unión Cívica Radical Claudia Moyano y Santiago Mascheroni. Ocurre que cada vez que a un fiscal titular o adjunto se le concede una licencia por un tiempo importante no hay quién lo reemplace y se resiente el funcionamiento del sistema.
El proyecto contempla el reemplazo de fiscales titulares y adjuntos, tal como ya se prevé para el Fiscal Regional y General, pero a través de un mecanismo de lista de subrogantes.
