Este lunes gremios docentes y de empleados públicos presentaron una denuncia por el corte de servicios de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario
La Asociación de Cínicas y Sanatorios de Rosario impuso restricciones a las prestaciones médicas de Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos).
A una semana de que la Asociación de Cínicas y Sanatorios de Rosario resolvieran restringir la atención de los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), los gremios de trabajadores estatales pedirán la intervención de la Defensoría del Pueblo para poner fin al conflicto entre los prestadores y la obra social de los empleados provinciales y municipales por la negociación de aranceles.
Este lunes por la mañana, a las 11.30, referentes de los sindicatos de docentes (Amsafé) y de empleados de la administración pública (ATE) y profesionales de la salud (Siprus), se presentarán en la sede local de la Defensoría del Pueblo, en pasaje Álvarez 1516, para denunciar el corte de atención médica dispuesto para los afiliados del Iapos.
La obra social es la más grande de la provincia, tiene 600 mil afiliados en todo el territorio santafesino, y desde el lunes pasado las clínicas y sanatorios privados de Rosario acotaron la atención a casos de urgencias, ingresos por guardia y cirugías programadas.
La medida se da en medio de la discusión por el costo de los aranceles. Desde la asociación reclaman un incremento acorde a los aumentos que se registraron en los insumos, los medicamentos y la recomposición de salarios profesionales. Desde el gobierno provincial, en tanto, aseguran que no se puede restringir el acceso a la salud de los afiliados a la obra social y que lo que se pretende es compensar con este reclamo al Iapos la decisión del gobierno nacional de retrotraer los aumentos de la medicina prepaga.
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"Entendemos que la Defensoría tiene responsabilidad en todo lo que tenga que ver con el accionar del Estado y potestad para intervenir cuando no se están garantizando derechos", explicó el secretario general de Amsafé Rosrio, Juan Pablo Casiello.
El dirigente subrayó que el corte de servicios a los afiliados del Iapos afecta el derecho a la salud de los estatales, "lo cual es responsabilidad del gobierno provincial ya que tiene a su cargo la gestión de la obra social".
Casiello destacó lo inédito de la medida y cómo está afectando el cuidado de la salud de los trabajadores y sus grupos familiares que no pueden acceder a turnos médicos, al seguimiento de sus tratamientos o a la realización de estudios programados.
En el escrito que presentarán esta mañana, los sindicatos advierten sobre tanto sobre el "actuar negligente tanto de la obra social Iapos, como de las autoridades del poder ejecutivo de la provincia de Santa Fe", como por "la decisión arbitraria e intempestiva adoptada por los titulares de las clínicas y sanatorios prestadores de la provincia".
Y consideran que "esta paralización en el cumplimiento de las prestaciones en la atención médica constituye un hecho gravísimo que pone en riesgo la salud y la vida de las y los afiliados a la obra social, que contribuyen y cumplen con su aporte obligatorio mes a mes".
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Con estos argumentos, y basándose en disposiciones legales y tratados internacionales, reclaman la intervención de la Defensoría del Pueblo "a los fines de recomendar a las autoridades provinciales y del Iapos, se garantice de manera inmediata el cumplimiento de las prestaciones de salud a las afiliadas y afiliados que continúan aportando mes a mes al sostenimiento de la misma, viendo interrumpido la mayor parte del servicio de salud a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe".
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