Crece la preocupación de comerciantes por el cierre de negocios

Las voces de comerciantes que alertan sobre el cierre de negocios en la ciudad, la desertización del centro y las dificultades para alquilar, sumaron otro dato preocupante: el último informe del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular indicó que desde abril de 2016 a este año se incrementó en un 39 por ciento la desocupación de comercios.

El relevamiento, que se conoció en los últimos días, volvió a poner en el centro del debate la problemática sobre el monto de los alquileres y la caída del consumo.

Es más, esta semana el Banco Municipal cerró junto a la Federación Gremial de Comercio e Industria un agresivo plan de ventas con financiación hasta 50 cuotas y un bajo interés. El objetivo está puesto en reactivar el consumo, que viene evidenciando signos de amesetamiento que preocupan a comerciantes y empresarios.

En este contexto, el relevamiento difundido esta semana por la Concejalía Popular profundiza los rostros de preocupación.

El relevamiento da cuenta de que en un año cerraron 500 locales. El titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán, planteó la "preocupación por la inocultable pérdida de fuentes de trabajo" que esto significa.

El informe se llevó adelante entre 16 y el 29 de marzo de este año, en las zonas del centro y macrocentro de la ciudad, además de los principales centros comerciales barriales a cielo abierto e incluso en grandes superficies comerciales. Y se trabajó con un mapeo que se cruza con los registros de 2015, 2016 y 2017.

La evolución de la ocupación de los locales comerciales muestra un incremento de los espacios ociosos desde 2015 hacia adelante, y sólo entre 2014 y 2015 se había registrado un cambio favorable con un incremento del número de ocupaciones relevadas.

En 2014 los informes daban cuenta de 1.220 locales desocupados, un número que en la actualidad, con 2.174 espacios ociosos, está cerca de duplicarse.

En abril del año pasado fueron 1.562 los locales vacíos y en las últimas semanas ese número volvió a incrementar a 2.174.

A la hora de detallar las principales razones de los cierres, Roldán coincidió con empresarios y comerciantes.

Apuntó a "la caída de la actividad productiva en todo el país, que hace estructural el problema de las pymes comerciales, y la fuerte caída del poder adquisitivo de la población, que lleva a una baja del consumo", y agregó que esa caída "en todos casos se transfiere a las grandes cadenas de comercialización que se apropian mediante mecanismos de financiación de las principales bonanzas estacionales del comercio local".

A eso agregó un segundo eje que consideró sustancial, apuntando a "la alta incidencia del valor del canon de alquiler y la intransigencia de los intermediarios inmobiliarios, con la novedosa incorporación del pago escalonado en blanco y en negro de los arrendamientos, que significan una verdadera vergüenza además de extorsión a los pymes en esta situación económica del país".

Las principales razones

Sobre los 500 locales que quedaron vacíos en el último año, las razones tal como plantean los responsables del centro de estudio apuntan fundamentalmente a los costos fijos de alquiler y servicios como las principales causas que llevaron a los titulares a determinar el cierre.

Sobre la muestra tomada en el relevamiento, el 40,5 por ciento se refirieron al costo de alquiler como la razón principal, el 21,5 por ciento lo hicieron por los incrementos de los servicios y un 35 por ciento apuntó a la caída de la rentabilidad comercial.

Los costos de intermediación también se ponen en juego, ya que el 82 por ciento de los inmuebles tenían un contrato de alquiler con la intermediación de una inmobiliaria y apenas un 17 por ciento lo hacía directamente con los dueños del local.

Lo cierto es que en todos los casos, aunque con diferentes prioridades, apuntaron a que los conflictos surgieron fundamentalmente del alto valor del canon locativo, de la intransigencia de las posiciones, ya sea del dueño del inmueble como del intermediario de la inmobiliaria, de los problemas en el cumplimiento del contrato y de los escalonamiento establecidos en el valor de los contratos. Todas señales que encienden alarmas.