Advierten que los efectos de la paralización se mantendrán por bastante tiempo.
Colegios profesionales de Santa Fe volvieron a reclamar al gobierno de la provincia la solución al conflicto en el Registro General de la Propiedad, que en la sede de Rosario ha paralizado diversos sectores de la economía. Según estimaron desde las entidades, la parálisis de trámites implica para la provincia la pérdida de ingresos diarios por 126 millones de pesos, lo cual totaliza más de 3.700 millones al mes, en un contexto de escasez de recursos.
Las pérdidas para las distintas ramas de actividad se estimaron en 2.000 millones de pesos al mes, afectando la continuidad de diversas unidades económicas que dependen de las actividades del organismo.
La presidenta del Colegio de Escribanos, Alicia Rajmil, planteó que “la preocupación es muy grande porque esta situación tiene implicancias muy perjudiciales, no solo en el movimiento inmobiliario, sino también para garantizar los derechos de las personas, como son los contratos de alquiler y los procesos sucesorios, entre otros trámites que afectan la vida de los ciudadanos”
También destacó que “es necesario, más en este contexto socioeconómico, que el Registro funcione, con una estructura acorde a la enorme demanda de servicios que tiene a su cargo”,
En promedio, el Registro recibe 450 solicitudes diarias de expedición de fotocopias, que pueden ser contratos de alquiler, averiguación del estado de una propiedad para iniciación de juicios y también previo para la escrituración.
Gabriela Ortiz de Urbina, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), comentó que “el sector de corretaje inmobiliario viene vapuleado y perjudicado hace tiempo. El impacto de la situación en el registro paraliza las operaciones de compraventa al imposibilitar los informes de título. En cuanto a alquileres, que es un tema de mucha preocupación por parte de la comunidad, al no poder solicitar informes sobre garantías se frena la posibilidad de gran cantidad de personas de poder ingresar a las propiedades, generando preocupación y situaciones familiares de mucha zozobra”.
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Felipe Rodríguez, presidente de Colegio de Profesionales de la Agrimensura Sur sostuvo que “nos vemos afectados plenamente, cada plano de mensura en los que intervienen nuestros profesionales tiene que estar acompañado por constancias emitidas por el Registro, también para los actos de subdivisión de inmuebles rurales. Todo esto está frenado generando un grave perjuicio para todos los implicados”.
Por parte, el titular del Colegio de Abogados, Lucas Galdeano, expuso “que la medida de fuerza también implica la paralización de la actividad jurisdiccional. Retrasa los procesos sucesorios, ejecuciones, medidas cautelares y todo el tráfico jurídico vinculado a operaciones inmobiliarias. Hay muchísimas realidades y situaciones afectadas que no se ven. El impacto de pocos días de paro es enorme, en el actual contexto económico las consecuencias son imprevisibles. Por eso las partes tienen que encontrar una salida al conflicto y el paro no contribuye a esto".
Cuando se normalice, el atraso implicará que el impacto de esta paralización se mentendrá durante bastante tiempo.
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