Por Jorgelina Hiba
Héctor Rio
Los cartoneros, esos trabajadores invisibles del reciclado de la basura no orgánica en las ciudades, elevaron su voz para reclamar por la situación del sector y por políticas efectivas que los incluyan como parte de los sistemas públicos de recuperación y reciclado.
"El 2018 se termina para los cartoneros y cartoneras de la ciudad como un año difícil, con más personas recorriendo las calles de la ciudad en un contexto de aumento de la pobreza y con limitadas políticas públicas que atiendan adecuadamente la situación", expresaron en un comunicado difundido en los últimos días.
Organizaciones de ese sector como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), con el acompañamiento del Grupo Obispo Angelelli y el Taller Ecologista, se manifestaron la semana pasada frente a dependencias municipales para pedir que se avance de forma concreta en el desarrollo de una experiencia de separación en origen con inclusión de los cartoneros.
En ese marco, recordaron que a finales de 2017 el Concejo aprobó un proyecto "que representaba una oportunidad para diseñar políticas públicas innovadoras e inclusivas" pero que —según denunciaron— "tuvo escasos avances en el año por la nula prioridad que le dio el Ejecutivo Municipal".
Referentes del sector destacaron que el trabajo que día a día hacen los cartoneros "es un eslabón imprescindible de una cadena industrial de reciclaje".
Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado durante los últimos dos años por las organizaciones sociales de la ciudad, que abarcó los 112 barrios populares, existen alrededor de 3.000 personas que trabajan como cartoneros.
Este año, con los indicadores de inflación y recesión en plena expansión, las organizaciones del sector reportaron "un notorio incremento en el número de personas que recorren las calles" buscando elementos para reciclar, pero también comida y ropa para uso propio.
A fines de 2017, el Concejo Municipal aprobó el decreto 51.224, que encomienda al Ejecutivo el desarrollo de una experiencia de separación en origen incluyendo a los y las cartoneras como actores principales del sistema.
El decreto fue aprobado el 30 de noviembre del año pasado y disponía que en un plazo no mayor a los 120 días desde su aprobación el Ejecutivo debía convocar a las organizaciones a una mesa conjunta para consensuar y delinear los principales aspectos de la experiencia a desarrollar. "En el año transcurrido no hubo avances concretos" afirmaron en el comunicado.
Referentes del sector de los cartoneros explicaron que al (muy mal) contexto económico general, se suma "el agravamiento provocado por la decisión del municipio a comienzos del 2017 de poner fin al uso de caballos sin haber generado ninguna alternativa eficaz para los cartoneros afectados".
Esto, argumentaron, produjo una desarticulación de parte de la economía asociada a la recuperación de materiales que "les permitía generar más ingresos y obtener otros recursos. Muchos de ellos ante la falta de opciones continuaron recorriendo las calles de la ciudad arrastrando ellos mismos sus carros perjudicando su salud en esta modalidad que sin duda debe llamarse de tracción a sangre humana", denunciaron.
También recordaron que durante el año 2017 la ciudad envió a disposición final en el relleno de Ricardone una cantidad récord de residuos que significó un 5 por ciento más que en 2016.
"Frente a esta difícil situación los cartoneros están apostando a la organización colectiva y crecen iniciativas de solidaridad mutua", explicaron para agregar que también avanzan en convenios con comercios para buscar materiales reciclables y en experiencias autogestivas de recolección diferenciada.
"Pedimos que el tema tenga mayor prioridad en la agenda del Ejecutivo para poder poner en marcha a la brevedad la experiencia y reclamamos políticas públicas efectivas que incluyan a los cartoneros como parte de los sistemas públicos de reciclado" afirmaron.
