Nueve de cada diez inquilinos de Rosario piensan que este año será peor que 2023 debido a la desregulación del mercado que impuso por decreto de necesidad y urgencia (DNU) el presidente Javier Milei. Esa es una de las conclusiones que obtuvo una amplia encuesta realizada por Inquilinos Agrupados Rosario, ONG que defiende los derechos de las personas que se ven obligadas a pagar una renta mensual para vivir bajo techo. El trabajo también exhibió que "el 53 por ciento de las personas que alquilan tienen más de una deuda".
Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados, difundió este miércoles por la mañana los resultados de una encuesta nacional que buscó medir el impacto que tuvo el DNU de Javier Milei que derogó la ley nacional de alquileres. Contó contó que el informe "deja en claro el fuerte impacto que tuvo el DNU en la precarización total en el acceso a la vivienda en alquiler. Nunca vimos una situación tan difícil como la que se vive hoy, y la realidad no tiene nada que ver con la que plantea el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario”.
En ese sentido, destacó: “Aunque la oferta de inmuebles en alquiler puede aumentar, para los inquilinos es cada vez más difícil arrendar una vivienda para vivir. La desregulación del mercado puede impactar en el aumento de ofertas, pero eso no significa que sea más accesible alquilar ni que sea mejor para los inquilinos. Todo lo contrario”.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el referente de Inquilinos Agrupados destacó que, más allá del aumento en el número de propiedades disponibles para alquiler, se detectaron situaciones de abuso. “A quienes quisieron renovar contratos, les pasaron un valor que triplicó o cuadruplicó lo que venían pagando. Se generalizaron contratos por tres y seis meses o con suerte por un año, cuando antes del DNU el plazo de contrato tenía un mínimo de tres años. Además los ajustes pasan a ser cada tres, cuatro o seis meses como mucho”.
En base a los resultados de la encuesta, Artola añadió que a toda esas cuestión "se le suma que los inquilinos deben hacerse cargo del pago de todas las expensas. Ya no hay diferencias entre gastos centrales extraordinarios y ordinarios, y de todos los impuestos. Por ejemplo, antes el pago de API y TGI le correspondía al propietario. Ahora no. Esto marca claramente el fuerte impacto en los ingresos totales del hogar”.
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“Estas medidas agravan el problema y dejan al inquilino en situación de indefensión total. El Congreso tiene que rechazar este DNU y para eso hay que seguir en estado de alerta y movilización. Si esto sigue así habrá más viviendas vacías porque será imposible para la gran mayoría de los inquilinos“, subrayó.
La encuesta de Inquilinos Agrupados reveló que el “53 por ciento tiene algún tipo de deuda, y un 64 por ciento pidió plata para pagar el alquiler y las expensas". Pero el informe también intentó echar luz sobre el impacto anímico que generó la derogación de la ley de alquileres.
“El 92 por ciento considera que este año será peor que el 2023, y el 78 por ciento tiene sentimientos de angustia, el 75% de ansiedad y el 68 por ciento de desesperanza. Eso marca que en algún sector donde el gobierno pudo generar expectativa, las medidas que se tomaron marcan una frustración en relación a las expectativas y una realidad cada vez más difícil para el conjunto y en particular para los inquilinos”, señaló Artola.
