Las asociaciones de consumidores y multisectoriales cuestionan los fuertes aumentos de las tarifas solicitados para los servicios de luz y aguas, y están preocupados por lo que pueda llegar a esgrimir Litoral Gas.
Las asociaciones de consumidores y multisectoriales cuestionan los fuertes aumentos de las tarifas solicitados para los servicios de luz y aguas, y están preocupados por lo que pueda llegar a esgrimir Litoral Gas.
Las compañías sostienen estos pedidos de aumentos argumentando la necesidad de "paliar las consecuencias de la inflación" —incluyen en ese análisis el impacto del costo de la energía—, las inversiones para mantener o ampliar el servicio y el incremento de numerosos ítems que seguramente estarán en los debates públicos de los próximos días, que prometen dar distintas asociaciones de consumidores y sectores de distintas actividades económicas.
En el caso de Aguas Santafesinas SA (Assa), la compañía insiste en la presentación que realizó ante el ente regulador (Enress) con la necesidad de una reestructuración de la escala tarifaria, y en el marco de un programa a cuatro años.
Los incrementos solicitados por las empresas de servicios públicos, por lo pronto, aparecen lejos de las proyecciones de inflación previstos por los tres niveles del Estado (17 por ciento) y de relevamientos privados, como el que realiza periódicamente la consultora FocusEconomics: 20,6 por ciento para 2017, en base a las previsiones de 39 consultoras y bancos.
Para arriba. Vale recordar que las compañías de servicios públicos cierran el 2016 con niveles de "actualizaciones" que, según un informe de Eva Sacco (Cepa-Indep) en relación al poder adquisitivo del salario en Rosario, derivaron en la conclusión de que a los trabajadores registrados les insume cada vez mayor porcentaje de sus ingresos el afrontar el costo de los servicios.
Uno de los ejemplos que cita el trabajo es que en agosto de 2015 un empleado podía pagar —en promedio— 69 facturas de electricidad con su salario, pero en igual mes de 2016 esa capacidad bajó a 62 facturas.
Más extrema es la diferencia con lo que ocurrió con el gas. El relevamiento indica que el año pasado los empleados registrados podían pagar más de 200 facturas de gas con su salario, ahora apenas llegan a 40.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores y Multisectorial contra los tarifazos elaboraron una serie de trabajos en los que exponen una velocidad de los incrementos de las tarifas muy por encima de la inflación. Por ejemplo, relevaron que desde 2009 al 2016, los aumentos de Aguas según el rango variaron entre el 933 por ciento y hasta el 2.451,87 por ciento, en ese lapso cuando el IPC Congreso fue del 700 por ciento.
En el caso de la EPE, señalan que de autorizarse el aumento de la energía, acumulará un 174 por ciento en 15 meses. Además, Alberto Muñoz, referente de Unión de Usuarios y Consumidores, apuntó que la empresa de energía debería explicar qué hará con los 1.200 millones de pesos que, a través del presupuesto nacional, le condonará Cammesa (la distribuidora mayorista).
Respecto del gas, Muñoz recordó que entre noviembre de 2015 y 2016 el incremento de la tarifa de gas residencial para los que tienen un consumo de entre 500 y 600 metros cúbicos al año, fue del 1.177 por ciento.
Por todo esto es que desde distintos sectores se preparan para el debate en las audiencias públicas, ya que entienden que los incrementos son "desmedidos".
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