Inquilinos de siete provincias del país se reunieron ayer en Rosario. La conformación de un frente a nivel nacional y el impulso de la ley de alquileres que afirman el PRO "traba a favor del mercado inmobiliario" en el Congreso de la Nación, fueron algunos de los ejes tratados en el encuentro, destacó Ariel D'Orazio, integrante de la Concejalía Popular. Una norma que, aseguró, "es apremiante" en un contexto que "tiene a los inquilinos cada vez más ajustados, destinando un 42 por ciento de sus salarios al pago de la vivienda", y que en los últimos meses se tradujo en "aumento de la morosidad y de las consultas para rescindir contratos porque no pueden hacer frente a los gastos".
La Asociación Empresaria fue el escenario del Congreso de Inquilinos de todo el país, un frente con representantes de 14 provincias. Si bien la conformación como Federación de Inquilinos y la gestión de su personería jurídica fue un punto clave, la apremiante coyuntura de quienes alquilan se llevó gran parte del debate.
"Hoy alguien que alquila está destinando el 42 por ciento de su salario a pagar la vivienda, sin contar el resto de impuestos y los servicios", indicó D'Orazio, y apuntó que "son personas que tienen que afrontar además las subas de la canasta de alimentos y servicios, y que están sufriendo indexaciones en los contratos de hasta el 35 por ciento, cuando la mayoría de las paritarias salariales cerraron por debajo del 25 por ciento".
Esa situación, aseguró el integrante de la Concejalía Popular, se traduce en "incremento de la morosidad, lo que en muchos casos los lleva a endeudarse, y en el incremento de las consultas para rescisión de los contratos, en el caso de personas que buscan ajustarse a alquileres más económicos y en los más jóvenes, volver a la casa de sus padres".
En ese marco, los participantes del congreso reclamaron con urgencia el tratamiento y aprobación de la ley de alquileres en la Cámara de Diputados de la Nación, y apuntaron directamente "al oficialismo (PRO), que la tiene frenada y que incluso impulsa propuestas que benefician al mercado inmobiliario y no a los derechos de los inquilinos que están garantizados en la Constitución Nacional".
"La ley es necesaria —continuó D'Orazio— porque da previsibilidad a los inquilinos, reduce los gastos de comisión inmobiliaria al extender los contratos a tres años, permite indexaciones anuales cuando hoy se ven semestrales y previstas a través de un índice que promedia la inflación y el coeficiente de variación salarial".
