"Una de las principales dificultades para avanzar en esta investigación es que la Justicia federal no cuenta con capacidad operativa para hacerlo, porque casi siempre estas mafias están mejor organizadas que quienes debemos probar sus delitos". Quien lo afirma es un vocero judicial que no está puntualmente vinculado a los allanamientos y detenciones producidos esta semana para desbaratar una red mafiosa que creaba empresas fantasma y vendía facturas a empresas reales para que pudieran evadir impuestos, pero que sin embargo conoce bien la complejidad de la investigación que acaba de iniciar el juez federal Carlos Vera Barros. La fuente agrega, con inocultable desánimo: "Estas organizaciones casi siempre tienen más recursos humanos y mejores recursos técnicos que los propios jueces y fiscales". Es la razón por la que suele ser tan difícil llegar a una condena contra sus integrantes.
No es la primera vez que en Rosario sale a la luz la existencia de una organización mafiosa que se dedica al negocio de vender comprobantes de pagos y gastos para que otros puedan evadir impuestos. Mucho menos es la primera causa judicial abierta contra empresarios y comerciantes por incumplir con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, entre ambas cosas hay diferencias, una de ellas muy marcada: algunos evasores a veces terminan condenados, pero hasta ahora no se conocen antecedentes de integrantes de una asociación ilícita dedicada a falsificar facturas que haya recibido una sanción penal por esa conducta indebida.
El caso conocido esta semana impacta por algunos números: la organización descubierta y denunciada por la Administración Federal de Impuestos (Afip) tendría más de 80 integrantes, las empresas y comercios que les compraron facturas truchas son unas 6.500 y el monto total de la estafa llegaría a los 2.500 millones de pesos. La Afip ya reunió evidencia seria sobre al menos una parte de ese fabuloso negocio ilegal: identificó a 105 de las 6.500 empresas, que evadieron impuestos por 400 mil pesos.
Las denuncias de la Afip en la justicia por delitos económicos son constantes, pero la más parecida a la que hizo ante el fiscal federal Federico Reynares Solari sobre la organización criminal que ahora se investiga data de 2008. Ese año el organismo dio cuenta de un fraude muy similar al que investiga ahora Vera Barros, aunque de menor magnitud y ejecutado por una red de personas más reducida.
Aquella denuncia apuntaba contra Carlos Alberto Signorile, un empresario local vinculado al transporte de media y larga distancia y otras actividades. Detrás del sospechoso aparecían una serie de empresas de fantasía inscriptas en la Afip con el único objeto de emitir facturas "truchas". Esas facturas, como ahora, eran compradas por empresas reales que las usaban para descargar IVA y otros impuestos.
La investigación contra Signorile y sus cómplices, entre los que había escribanos, abogados y contadores, quedó en su momento a cargo de la fiscal Liliana Bettiolo. Pero aunque había mucha evidencia, y acaso otorgándole la razón al vocero judicial con el que se abrió esta nota, la pesquisa avanzó con una lentitud extrema y todavía no tiene condenados. "No porque no haya pruebas, sino por la propia incapacidad funcional de la justicia para hacerlo", dijo la fuente.
Signorile recién fue procesado en 2015, es decir siete años después de que la Afip lo denunciara en los tribunales federales. Pero el procesamiento contra él y algunos de sus cómplices ni siquiera está firme: desde ese año duerme en algún cajón a la espera de que alguien lo eleve a la Cámara Federal para que decida la apelación. Imposible imaginar cuánto tiempo más pasará hasta que finalmente eso se produzca y, suponiendo que el procesamiento sea confirmado, hasta que se llegue a la instancia de un juicio oral contra los acusados.
Esta morosidad, que deviene de la incapacidad funcional de la que se habló al principio, tal vez aliente esperanzas de no llegar nunca a una condena a la contadora María Cristina Ottaviano, Delio Serafini, Marcelo Liparaci, Jorge Ceneno, Ricardo Astudillo y Adrián Zeballos, los seis detenidos esta semana por delitos similares a los que en su momento se atribuyeron a Signorile. A menos que, como parece que ocurrirá ahora, la Afip se decida a ir a fondo y se convierta en querellante de la causa, lo cual le permitirá aportar pruebas para tratar de avanzar en la investigación.
