El Concejo arribó ayer a un trabajoso acuerdo político y en la sesión de hoy se aprobará la declaración de la emergencia en seguridad por seis meses. En paralelo, los ediles sancionarán más de 30 proyectos vinculados al combate a escala local de la inseguridad, entre los cuales se encuentran gran parte de las propuestas efectuadas por la Intendencia. El único punto que aún no se terminó de consensuar es la norma que habilita al municipio a usar las videocámaras para cobrar multas de tránsito graves. También se dará luz verde a refuerzos en los requisitos de las habilitaciones a talleres mecánicos, boliches y rubros conflictivos.
Ayer, los presidentes de los 18 bloques políticos que tiene el Palacio Vasallo mantuvieron reuniones durante más de siete horas. Fue el corolario de una semana especial, donde se dejaron de lado los temas convencionales y sólo se analizó la agenda de la seguridad.
Se trató de la respuesta política del cuerpo tras la masiva marcha del jueves pasado, donde miles de rosarinos clamaron por seguridad y justicia. Y a días de que el Ejecutivo remitiera una batería de medidas para potenciar el control local de temas conflictivos vinculados a la criminalidad.
Como todos los temas que se debatirán desde el mediodía en el recinto no cuentan con despacho de comisión, para su sanción requerirán de una mayoría especial, dos tercios de los votos.
El Frente Progresista apostó durante toda la semana a conseguir apoyo político para que se aprobaran hoy gran parte de las propuestas del Ejecutivo. A cambio aceptó la mayoría de las propuestas del arco opositor.
Al caer la tarde había acuerdo sobre la viabilidad de más de 30 iniciativas. Pero faltaba destrabarse una considerada clave para el gobierno de Mónica Fein, que pone en riesgo el resto del temario: la que habilita al municipio a utilizar el material que captan las videocámaras para cobrar multas por faltas graves de tránsito, "relacionadas a la criminalidad".
La propuesta oficialista apunta a poder sancionar a automovilistas y motociclistas que crucen semáforos en rojo, cometan exceso de velocidad y a quienes invadan los carriles exclusivos para el transporte.
El argumento esgrimido es que detrás de estas contravenciones puede haber un delito penal, como un presunto intento de fuga de quien haya cometido un ilícito.
Sin embargo, el presidente de la estratégica comisión de seguridad del Concejo, el justicialista Diego Giuliano planteó serios reparos a ese texto y pidió al Frente Progresista que elabore una nueva propuesta.
"La sesión tiene que estar totalmente alejada de cualquier espíritu recaudatorio", advirtió. "No está claro qué tipo de vínculo con el delito puede haber al invadir los carriles exclusivos", agregó el concejal.
La titular del Concejo, Daniela León (UCR), aclaró que "todo lo que el municipio recaude a través de estas nuevas infracciones no irá a rentas generales sino a un fondo específico para políticas de seguridad, con fuerte carácter preventivo".
El resto de los temas analizados durante la semana ya tienen una definición clara. Por caso, quedó afuera del temario del día la oblea con la patente en los cascos de los motociclistas.
Se consensuó facultar a la Intendencia para nombrar jueces de Faltas subrogantes, ante el incremento de los operativos en la vía pública. Pero se le puso un tope de 8 designaciones durante un plazo de 12 meses.
Asimismo, se implementarán más exigencias para la habilitación y en las inspecciones a rubros comerciales potencialmente conflictivos: armerías, locales de venta de celulares, desarmadaderos, chatarrerías, talleres mecánicos y todos los espacios vinculados a espectáculos públicos de la noche.
En ese sentido, los empresarios de esos sectores deberán presentar un certificado que acredite que no cuenta con antecedentes penales. Y en caso de tenerlos, el municipio deberá rechazar su pedido de habilitación o renovación.
