Una ONG propone una ley que permita la objeción de conciencia para no casar a homosexuales

San Juan.- Una organización no gubernamental sanjuanina que encabezó manifestaciones en rechazo a la ley de matrimonio igualitario presentó al gobierno un proyecto de ley para que se permita a funcionarios del Registro Civil tener la opción de objeción de conciencia para no casar a personas del mismo sexo, lo que generó repudios de agrupaciones sociales.

La ONG Compromiso por la Familia y la Niñez, y el arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, entregaron ayer al gobernador José Luis Gioja el proyecto que incluye además una iniciativa de libertad de conciencia para médicos a no hacer abortos si consideran que esas prácticas violentan sus principios morales.

Fuentes gubernamentales señalaron que el kirchnerista Gioja entregará el proyecto a los diputados para que lo discutan.

Ante ello, agrupaciones que defienden los derechos de los homosexuales rechazaron hoy a través de un comunicado de prensa la posibilidad de que se sancione en la provincia una ley que permita la objeción de conciencia.

“Cualquier propuesta tendiente a permitir la objeción de conciencia, que en este caso de la Ley de Matrimonio Igualitario no está autorizada, se convierte en una legitimación de la discriminación”, consideró Fernando Baggio, presidente de la agrupación La Glorieta.

Baggio explicó que “la objeción de conciencia no es admisible en el caso de esta ley”.
“Por el contrario, las funcionarias y funcionarios que se nieguen a celebrar los matrimonios estarán incurriendo en incumplimiento y omisión de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y en un abierto acto de discriminación”, añadió.

La iniciativa sanjuanina es similar a un proyecto del gobernador de Mendoza, Celso Jaque, quien manifestó su intención de realizar un relevamiento para que los jueces de paz que no estuvieran de acuerdo con el matrimonio homosexual puedan acogerse al derecho de objeción de conciencia.

El plan del mendocino Jaque fue repudiado por la Federación Argentina de Lesbiana, Gays, Bisexuales y Trans y fue cuestionada por la delegación provincial del INADI que anunció que enviará una carta al gobierno en queja por el proyecto.

María Rachid, presidenta de la federación FALGBT, sostuvo que “el Estado debe garantizar el derecho de todas y todos a contraer matrimonio” y señaló que “la Ley 26.618 -promulgada el miércoles- es clara y precisa. Establece iguales requisitos, obligaciones y efectos para todas las parejas. La negativa a celebrar los matrimonios es un delito”.

Y, en tono irónico, Rachid se preguntó: “¿Podrán inscribirse en este registro que propone el gobernador Jaque funcionarios que deseen legitimar el antisemitismo, racismo y discriminación y que no quieran casar a personas judías, afrodescendientes, con discapacidad o alguna otra de las características de las que suelen ser pretextos de discriminación?”.