Marcelo Bustamante
Masiva concentración de pañuelos verdes en el Monumento para celebrar la ley 27.610.
Reclaman la libertad de tres mujeres detenidas en Córdoba acusadas de ejercicio ilegal de la medicina y encubrimiento. Se trata de dos integrantes de Socorristas en Red y una médica, quienes asesoraron y acompañaron a otras mujeres durante el proceso de interrupción voluntaria de sus embarazos en la localidad de Villa María.
Las detenciones responden a una investigación que el Ministerio Público Fiscal (MPF) inicio tras una presunta denuncia anónima por “abortos clandestinos”. Las integrantes de la “Tribu Rosa” quedaron detenidas tras “numerosos allanamientos en casas particulares”, denunció la organización Socorristas en Red (SR), que se declaró en alerta y advirtió que están “privadas de su libertad a pesar de que se las acusa injustamente de delitos excarcelables”.
El abogado de las tres mujeres detenidas, Sebastián Elía, pidió a la jueza la “inmediata libertad” de sus defendidas.
Hubo cuatro allanamientos con autorización del Juzgado de Control, según detalló la fiscalía. En ellos participaron integrantes de Cibercrimen de Policía Judicial, personal policial dependiente de la U.D.G.S. y de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía provincial. En los operativos, se secuestró “gran cantidad de medicación, documentación varia, dinero”. Fueron detenidas dos socorristas acusadas de “ejercicio ilegal de la medicina (art. 247 del Código Penal)” y “una profesional de la medicina por supuesta autora del delito de Encubrimiento (art. 277 del Código Penal)”.
La organización federal Socorristas en Red emitió un comunicado al respecto. “El escenario refleja una política criminal que persiste a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal”, advirtió. “Con acciones judiciales como las desarrolladas en Villa María, se criminaliza injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar, que son quienes desde hace años colaboran brindando información y acompañamientos. Dar información y acompañar decisiones no es delito”, plantearon.
El comunicado recibió decenas de adhesiones de colectivas feministas, entidades de Derechos Humanos y organizaciones civiles de todo el país.
El MPF, por su parte, informó que la investigación comenzó a mediados de noviembre. "La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María recibe información sobre un grupo de mujeres que se autodenominan ‘Socorristas -Tribu Rosa’, quienes realizan abortos clandestinos en esta ciudad de Villa María”, sostuvo en un comunicado. La fiscalía define a las mujeres que pedían ayuda a las socorristas como “potenciales víctimas” y detalla que llamaban “a una línea telefónica pública donde era atendida por una ‘socorristas’ que le indicaba el proceso a seguir” para interrumpir la gestación.
Con “distintas medidas investigativas”, el MPF argumenta que “pudo corroborar suficientemente que existen varias miembros en este grupo investigado, las que fueron identificadas en su mayoría, que carecían de título habilitante en medicina y que con las potenciales víctimas concertaban una reunión en la que les indicaban la medicación a tomar para abortar, como hacerlo, suministrándole las pastillas, también les explicaban los efectos y que ante cualquier duda se les debía consultar a ellas antes de asistir a un nosocomio”.
En el comunicado que dio a conocer lo sucedido en Villa María, las organizaciones aseguraron que se trata de un “acto de ofensiva judicial, violatorio de los derechos consagrados a dar y recibir información para el cuidado de la salud y una amenaza a los derechos democráticamente conseguidos y reafirmados en 2020, en la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post aborto”.
“A nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar”, recordaron.
La oferta del 12 % para el último trimestre fue calificada de insuficiente por los dirigentes, que marcaron: "El gobierno sigue en deuda".
Por Tomás Barrandeguy
Por Lucas Ameriso
Por Mariano D'Arrigo