Unos 180 españoles afectados por la droga talidomida reclamaron ante la Justicia que la farmacéutica alemana Grünental, fabricante de esa medicina, los indemnice con 204 millones de euros por las graves malformaciones que sufren. La empresa ha pedido que la demanda se desestime por falta de pruebas. El caso de la talidomida se remonta a los años 60, cuando esta droga se prescribió a las embarazadas para combatir los típicos mareos que se presentan durante la gestación. Luego se descubrió que provocaba graves deformaciones congénitas a los fetos, tales como falta de miembros o la atrofia de estos.
Sin brazos ni piernas. Al juicio, que se celebra en un juzgado de primera instancia de Madrid, y que ayer quedó "visto para sentencia", han asistido numerosos afectados por la talidomida, personas que nacieron sin pies o sin brazos o con un muñón, después de que les recetaran a sus madres el fármaco durante el embarazo. La farmacéutica alemana Grünenthal asegura que los afectados por la talidomida en España siguen teniendo la oportunidad de solicitar las ayudas que conceden dos fundaciones en Alemania que, según dicen, les permitirán tener los mismos beneficios económicos que reciben los residentes en Alemania. La talidomida en la década de los años 60 causó numerosas discapacidades en recién nacidos. Las víctimas acusan a la compañía de haber recibido sólo una "pequeña ayuda" como indemnización y le reclaman 204 millones de euros, 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía de los afectados.
Grünenthal "lamenta sinceramente" la tragedia de la talidomida y reconoce que siempre formará parte de la historia de la compañía. No obstante, declaró que se preocupa por los afectados a través de su fundación en Alemania, que ofrece beneficios económicos a los que también pueden acceder las víctimas residentes en España. La ayuda, dijeron, depende de la situación de cada afectado (el grado de discapacidad, otras ayudas ya recibidas, etcétera). En relación al juicio, recuerda que los hechos ocurrieron hace más de 50 años por lo que "la legitimidad de cualquier procedimiento podría verse seriamente comprometida por el lapso de tiempo" transcurrido. La compañía agrega que "por respeto a la Justicia" no realizará más comentarios mientras esté en curso el proceso legal.
La defensa de la empresa. Durante el juicio, el representante legal de la farmacéutica declaró que el fármaco "no estaba indicado para las embarazadas", pero ha reconocido que entonces, en el prospecto, no se las excluía porque en aquella época "no había concientización" para este tipo de indicaciones. El representante subrayó que el fármaco se retiró en diciembre de 1961, ante las sospechas de que podría tener efectos secundarios y negó, ante preguntas de los abogados de los demandantes, que se vendiera más allá de esa fecha. De hecho, aseguró que se retiraron 91 kilos de talidomida. A las preguntas acerca de cuándo conoció la farmacéutica que podría haber daños en los vasos sanguíneos y en los músculos, respndió que en noviembre de 1961 un doctor alertó de esto ya que se vio "una relación causal" de la talidomida con esos posibles efectos.
Peligroso sedante. La talidomida era un sedante que comenzó a venderse a partir de 1957 y se administraba como complemento "inocuo" para las náuseas de las mujeres embarazadas. Como dijo el abogado de la farmacéutica alamena, el fármaco fue retirado del mercado en 1961, pero en Alemania, donde se originó el problema. Según consta en la demanda, en España "siguió administrándose varios años más", a pesar de su prohibición mundial. Según la demanda, este principio activo se vendió en más de 50 países de todo el mundo, con más de 80 nombres comerciales, y en España se distribuyó desde el año 1957 hasta 1965. Es decir, cuatro años más que en Alemania.
En Alemania las víctimas han conseguido acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, los que han sido canalizados a través de la fundación de la Grünental, pero en España no se alcanzaron a pesar de que ambas partes han mantenido tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid. La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados, pero éstos lo rechazaron. Las víctimas españolas piden, según señala su letrado, Ignacio Martínez, "que se les ponga a la altura de los alemanes, que desde el año 71 están cobrando una pensión vitalicia".
