La demanda presentada por la Argentina contra Ghana a raíz de la retención de la fragata Libertad por un embargo de fondos buitre será analizada por Tribunal Internacional del Derecho del Mar en dos audiencias orales el 29 y 30 de noviembre.
La demanda presentada por la Argentina contra Ghana a raíz de la retención de la fragata Libertad por un embargo de fondos buitre será analizada por Tribunal Internacional del Derecho del Mar en dos audiencias orales el 29 y 30 de noviembre.
La presidenta Cristina Kirchner se enteró de la resolución durante la inauguración del Museo del Juguete en la ciudad santacruceña de El Calafate y la calificó como "una muy buena noticia".
Además, celebró que se haya restablecido el suministro de electricidad y agua en el buque argentino amarrado en el puerto de Tema, porque —sostuvo— era una situación "inconcebible", que "no entraba en un sistema legal, sino humanitario".
Alrededor de las 11 de ayer tuvo lugar una teleconferencia de la que participaron el presidente del Tribunal, Judge Shunji Yanai, un representante argentino y uno de Ghana, con el objeto de consultar a las partes sobre aspectos procesales de la próxima etapa de la solicitud de medida cautelar argentina, por la que reclama la "inmediata liberación" de la fragata.
El Tribunal, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, propuso como fecha para la realización de las audiencias orales el jueves 29 y el viernes 30, y señaló que esa instancia procesal "estará precedida de consultas del Tribunal con las partes el día previo al inicio de dichas audiencias", informó la Cancillería argentina.
"La Argentina aceptó tanto las fechas propuestas por el Tribunal para la realización de las audiencias orales, como los demás aspectos de procedimiento que se plantearon en la teleconferencia", agregó el texto oficial del Ministerio conducido por Héctor Timerman.
El miércoles pasado, en Casa de Gobierno, Timerman había confirmado la presentación de una demanda de medida cautelar ante el Tribunal Internacional, luego de que se cumpliera el plazo de dos semanas que la Argentina le había dado a Ghana para liberar la fragata, previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Timerman explicó que la medida "consiste en exigir a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata ARA Libertad y su reaprovisionamiento para zarpar con la mayor urgencia".
El gobierno reclamó además "que se declare la responsabilidad internacional de Ghana por el embargo ilícito de la fragata, se obligue a ese país a indemnizar a la Argentina por los daños ocasionados y a desagraviar los símbolos patrios que ha desafiado al desconocer la inmunidad del buque insignia de la Armada Argentina".
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, creado en 1996, es el órgano judicial establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una de cuyas cláusulas prohíbe embargar naves de guerra, como lo esgrime Argentina para reclamar la liberación.
La Justicia de Ghana opinó lo contrario: el fallo del juez Richard Adjei Frimpong decidió la retención de la fragata ante la supuesta que la Argentina resignó la soberanía de sus bienes al vender bonos de la deuda al fondo NML Elliot, que hoy reclama 370 millones de dólares.
El restablecimiento de los servicios se habría logrado luego de una reunión entre el comandante de la fragata, capitán de navío Pablo Salonio, y miembros de la marina ghanesa: a partir de ese contacto se autorizó el ingreso a la terminal portuaria de un agente marítimo con agua y se aprobó la instalación de un generador eléctrico frente a la nave.
La causa
La detención del buque escuela argentino se produjo a raíz de un juicio del fondo especulativo NML del financista estadounidense Paul Singer, con sede en las islas Caimán, por unos 370 millones de dólares que le reclama al país. NML rechazó las reestructuraciones lanzadas por Argentina en 2005 y 2010 para normalizar la deuda por casi 100.000 millones de dólares declarada en default en 2001.