El Padre Grassi apela la confirmación de la pena impuesta por Casación Penal

El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y a quien la Cámara de Casación Bonaerense le confirmó la detención por haber violado las reglas de libertad vigilada, ya hizo la reserva ante ese tribunal para apelar en los próximos días y así evitar su detención.

Ayer, poco después de las 18.30, el cura se acercó hasta la puerta de la quinta La Blanquita de la localidad de Hurlingham donde reside para despedir a un visitante, y saludó con la mano a algunos seguidores y a periodistas apostados en el lugar, pero se negó a hacer declaraciones y rápidamente volvió hacia el interior del predio.

Allegados a la defensa del cura aseguraron a Noticias Argentinas que ante la Sala VI de la Casación Bonaerense, los abogados ya hicieron reserva de interponer recurso de inaplicabilidad de la ley, esto es de recurrir ante la Suprema Corte Bonaerense, para lo cual tiene un plazo de 20 días corridos.

De esta forma, Grassi inició el trámite con el cual intenta evitar una inminente detención confirmada por la Casación anteayer a raíz de que el sacerdote violó con las reglas de conducta por su libertad vigilada, al referirse en público de las víctimas del abuso sexual por el cual se lo acusa.

Pero el caso Grassi implica un intríngulis judicial: junto con esa estrategia de apelar el fallo de Casación, a la par los abogados ya están preparando otro recurso extraordinario para apelar la decisión del último miércoles de la Suprema Corte Bonaerense que confirmó la condena de 15 años de prisión impuesta por abuso sexual.

Ese recurso es para apelar ante la Corte Suprema de la Nación, y de ser rechazada esa vía a los abogados de Grassi sólo les quedará el recurrir en queja, pero este trámite no tiene efectos suspensivos y el cura debería ir preso automáticamente.

En paralelo, el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón, el mismo que hizo el juicio, tiene que resolver un pedido de detención que presentaron los abogados querellantes Juan Pablo Gallego y Sergio Piris, y la fiscalía.

El fiscal de Morón, Alejandro Varela, pidió ayer la "inmediata detención" de Grassi al agotarse todos los recursos de apelación en la provincia de Buenos Aires y ante el probable peligro de fuga.

"Dos fugas". En este aspecto, recordó que el cura "ya se fugó dos veces, una de un estudio de televisión cuando se enteró de que la policía iba a detenerlo y otra de la propia Fundación Felices los Niños" y añadió que el pedido de la inmediata detención también se basa "en la conducta que mantuvo a lo largo de todo el proceso judicial".

Para el fiscal, con el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense "alcanza para detener" a Grassi y precisó que se debe la prisión se debe concretar "independientemente de si la defensa presenta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Nación".

La presentación de Varela fue realizada ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón al "haberse agotado todas las instancias provinciales de apelación", por lo que se pidió "el acotamiento de la libertad ambulatoria de la que goza Grassi", dijo a la agencia estatal Télam.

El funcionario judicial añadió que tras el fallo de la Suprema Corte bonaerense, que ratificó el 18 de septiembre la condena a 15 años por abuso sexual de un menor conocido como "Gabriel" (no es su nombre real), "se avanzó en la certeza de la responsabilidad del imputado por lo que de no proceder a la detención existe peligro de fuga".

En tanto, según informó el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, el Tribunal de Morón fijó una audiencia para el lunes a las 13 por la situación del cura, que "está dirigida a todas las partes y al propio acusado. Esperemos que de acá al lunes se pueda cumplir esta situación dado el peligro de fuga", informó Gallego.

En el mismo sentido que el fiscal Varela, el abogado defensor de "Gabriel", Sergio Piris, hizo el mismo pedido ayer ante el Tribunal Oral Criminal 1, que lo condenó en primera instancia a 15 años de prisión en junio del 2009.

Sin embargo, los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez resolvieron que siguiera gozando de su libertad hasta que la sentencia quedara firme y dispusieron un régimen de libertad morigerada, por lo que el sacerdote fijó domicilio en una quinta situada frente a la Fundación Felices los Niños, en la localidad de Hurlingham, lugar donde se cometieron los abusos.