El caso de Vanesa Castillo, la maestra que fue brutalmente asesinada en 2018 en Santa Fe, volvió a ser noticia la semana pasada cuando su familia dio a conocer que como su asesino -ya condenado- fue declarado insolvente, ellos deben afrontar las costas del juicio, una cifra que supera los 500 mil pesos. Frente a esta situación, que tomó estado público y fue tapa de medios provinciales y nacionales, la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad se reunió con la familia y garantizó que sería el Estado provincial el que haría frente a los gastos.
En torno a esta decisión del Ejecutivo provincial se instaló un debate público acerca tanto de la situación en la que se encuentra la familia de Vanesa como así también de la conveniencia o no de la intervención del Estado en estos casos. En este sentido, en diálogo con la prensa el diputado del Frente Renovador-PJ, Oscar Martínez expresó: “El caso de Vanesa Castillo pone de manifiesto, de manera patente, la necesidad que nuestra Provincia tiene de una Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas del Delito. Vanesa fue víctima de femicidio en 2018, y hoy su familia – también víctima según el paradigma de la Ley – vuelve a ser revictimizada teniendo que afrontar el gasto por las costas de los abogados querellantes a causa de la insolvencia del imputado”.
“Ahora bien, más allá de que la Ley de Víctimas no esté aprobada, las víctimas y/o sus familiares tienen derecho a contar con un abogado querellante y que, si bien pueden contratar al profesional que consideren apropiado – como fue en el caso de la familia de Vanesa Castillo -, también pueden contar con el patrocinio gratuito de los abogados de los Centros de Asistencia Judicial, órgano del Estado provincial que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Podemos decir que en un sentido estrictamente técnico esto es cierto y, de hecho, cabe reconocer el muy buen trabajo que se realiza desde los C.A.J. Pero, en la práctica, muchas veces los profesionales de los Centros de Asistencia Judicial se encuentran desbordados por la cantidad de casos, o padecen la falta de articulación con otros organismos que son partícipes de los procesos a partir de que se comete un delito, y por tanto no pueden trabajar y atender los casos en la máxima expresión de sus potencialidades”, continuó.
“Esta situación de los C.A.J. fue relatada por los propios profesionales que trabajan en ellos en el marco de las Audiencias Públicas por una Ley de Derechos y Garantías de Víctimas del Delito que se realizaron durante el 2021 en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto y Reconquista. Particularmente en esta última las profesionales representantes del C.A.J. dieron cuenta cabal de las dificultades que afrontan a la hora de cumplir sus tareas. Naturalmente, esto lleva a que muchas veces las víctimas elijan contratar el servicio de abogados en forma privada, asumiendo también que en caso de ganar el juicio esos costos corren por cuenta del imputado”, manifestó luego el legislador.
Ante la consulta acerca de cómo la Ley de Víctimas subsanará situaciones como la de la familia Castillo, Oscar Martínez explicó que “el proyecto contempla en su Art. 9 que los defensores de las víctimas – una figura que crea esta ley – podrán suscribir convenios con los Colegios de Abogados de la Provincia para establecer un sistema de prestadores de servicios jurídicos para víctimas de delitos, mediante listas elaboradas por dichas entidades con el fin de allanar la contratación de un profesional para el ejercicio de sus derechos a personas víctimas de delitos con recursos económicos limitados. Esto quiere decir que si la Ley de Víctimas tuviera vigencia el Estado podría celebrar convenios con los Colegios de Abogados para que estos presenten una nómina de profesionales disponibles de entre los cuales las víctimas podrían elegir para actuar en su defensa y ello sería costeado por el mismo Estado.”
Y en el mismo sentido señaló que “también en las Audiencias, muchas víctimas señalaron que las oficinas del Estado solo se encuentran abiertas de lunes a viernes en horas de la mañana. Un esquema que garantice un abogado elegido por la víctima y financiado por el Estado sortearía todas estas dificultades. A ello cabe agregar que existen profesionales del derecho especializados en la temática de víctimas que podrían desempeñarse en esta tarea garantizando así una custodia de mayor calidad de los derechos de las víctimas”.
Por otra parte, el legislador habló sobre las declaraciones públicas de funcionarias del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad que señalaron que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación son los representantes de la ciudadanía. “Esto entra en explícita contradicción con los testimonios de muchas de las víctimas que aseguran, precisamente, no haberse sentido representados por esa instancia. Y justamente en relación a este tema, el caso de Vanesa Castillo y su familia es paradigmático. Habiendo sido algunas partes del juicio transmitidas en vivo – hecho inédito hasta el momento – toda la sociedad pudo ver (y puede hacerlo si acude a los videos que siguen siendo de estado público) el desacuerdo entre el planteo que la familia hizo a través de sus abogados y lo que la fiscalía sostuvo, mostrando así de manera flagrante que no siempre los fiscales representan efectivamente las aspiraciones de las víctimas afectadas.”
Y finalizó diciendo que “celebro la rápida actuación que tuvo el Ministerio para con la familia de Vanesa Castillo pero convengamos que en la provincia hay cientos sino miles de casos como este que no son conocidos. La Ley de Víctimas garantizaría la figura del Defensor de la Víctima, responsable última de la salvaguarda de los derechos y garantías, y la posibilidad de una nómina de abogados de la cual las víctimas puedan elegir a un abogado que realmente las represente y cuyas costas las asuma el Estado”.
