Buenos Aires- Los integrantes de la banda Callejeros negaron hoy haber incentivado el uso de bengalas durante sus recitales y afirmaron que el ex gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, era el encargado de la seguridad, mientras que el Gobierno porteño y la Policía debían controlar que ingresara la cantidad de público correcta.
“Me parece que me están acusando de algo injusto. Tengo cinco familiares muertos y estoy en tratamiento psicológico.
¿De qué me acusan, de matar a mi familia?. Fui a tocar dos minutos y después todo fue un desastre”, sostuvo el guitarrista Maximiliano Djerfy en una declaración que prestó en 2005 y que fue leída esta mañana en el juicio que se sigue por el incendio que dejó 194 muertos.
Luego se leyeron las del resto de sus compañeros, el saxofonista Juan Carbone, el escenógrafo Daniel Cardell, el bajista Christian Torrejón, el guitarrista Elio Delgado y el baterista Eduardo Vázquez.
Carbone fue quien más se explayó y remarcó que “no hay pruebas concretas de que Callejeros haya ingresado pirotecnia a Cromañón” y que el mensaje final a los asistentes a los shows era: “No prendan bengalas”.
“Era casi imposible detener las bengalas. Cuando tocamos en Obras (Sanitarias) había fiscales presentes y las bengalas pasaron igual. Es injusto que nos imputen esto”, destacó el saxofonista.
Sobre la seguridad, al igual que todos sus compañeros de la banda, aseguró que estaba a cargo de Chabán y de su mano derecha, Raúl Villareal, quienes “se tenían que ocupar de que no ingresara la pirotecnia”.
Dijo que como miembro de una banda “no verificaba las instalaciones porque es el Estado el que lo tiene que hacer” y que es “irracional que le digan a un músico que tiene que controlar” el lugar donde va a tocar.
“Yo no tenía obligación de inspeccionar, eso no es lo que dice la ley. Suponíamos que los funcionarios públicos no iba a permitir que se hiciera ingresar a más gente de la permitida”, señaló.
Agregó que “la Policía sabía cuánta gente entraba porque cobraban adicionales por eso y también Sadaic porque verificaba cuántas entradas se vendían”, en referencia a que el local estaba habilitado para 1031 personas y se estima que esa noche había al menos 3500.
“Si hubiéramos controlado la seguridad lo hubiéramos hecho mal porque eso no me lo enseñaron en el conservatorio, así como al juez no se lo enseñaron en la Facultad de Derecho. Seguro que él no está revisando la seguridad de Tribunales”, manifestó.
En un tramo de su declaración de julio de 2005, Carbone se quejó de que el entonces juez a cargo del caso, Marcelo Lucini, no involucrara en la causa a Aníbal Ibarra, quien fuera jefe de Gobierno porteño al momento de la tragedia.
“Somos la parte más débil y por eso nos procesan, pero no se aplica el mismo criterio con Ibarra. Si nos van a mantener procesados, que lo llamen a indagatoria”, había reclamado por entonces, pero la Justicia entendió que el funcionario no tenía responsabilidad y fue sobreseído de la causa.
También apuntó contra Mario Díaz, que trabajaba en la seguridad de Cromañón, y dijo que según numerosos testigos fue quien cerró con candado y alambres la puerta de emergencia por orden de Raúl Villarreal.
Recordó que un testigo, Juan Diana, declaró que una amiga suya entró la noche del 29 de diciembre con 10 bengalas por otra puerta diferente a la que ingresaba el público sin que la revisaran, por decisión de “gente del boliche”.
Carbone negó que fueran un “grupo empresario”, como los calificó Lucini en su procesamiento, y que no tenían cuentas bancarias, página web, luces ni sonido. “El único empresario esa noche era Chabán”, remarcó.
A su turno, Vázquez dijo que tras el incendio le dejaron la familia “partida al medio” porque murió su mamá y su padre quedó “muerto en vida” y que si sabía que el lugar era peligroso no hubiera llevado a su madre.
Torrejón coincidió con sus compañeros y agregó que siempre le pedían de buena manera al público que dejara de tirar bengalas porque si le decías a alguien: “Flaco, cortala, te prendían 200 mil bengalas más y te tiraban cosas”.
Por último, toda la banda negó haber pagado coimas a la policía para evitar controles en el local. (Télam)
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Por Facundo Borrego
