Los familiares de las 44 víctimas del submarino piden la intervención de la ONU.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, pidió hoy que sea revocado el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino hundido ARA San Juan por considerar que se trató de una resolución “a todas luces prematura”.
El representante del ministerio público fiscal señaló en su dictamen que la investigación “ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación” sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino y que, por el contrario, no logró acreditarse que esas tareas hayan sido desplegadas para neutralizar un potencial riesgo a la seguridad presidencial.
La hipótesis de la “seguridad presidencial” había sido utilizada por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, para revocar el procesamiento que pesaba sobre Macri cuando el caso llegó a los tribunales federales de Comodoro Py.
Ahora la Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de definir si confirma o revoca los sobreseimientos con los que fueron beneficiados Macri, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de exagentes de ese organismo.
“Se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraba reunida para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados, sin que la Cámara haya logrado demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad”, señaló el fiscal en su dictamen.
Además, consideró “llamativo que la Cámara a quo adopte una decisión como la aquí recurrida, que resulta a todas luces prematura, teniendo en cuenta el estado en el cual se encuentran transitando las presentes actuaciones”.
De esa forma, con su dictamen, Pleé sostuvo la apelación presentada por su colega de la instancia anterior, José Luis Agüero Iturbe. “En el desarrollo de la investigación se ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación sobre el grupo de allegados y familiares de las víctimas de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados igely l Repuntey, en particular, del submarino ARA San Juan”, sostuvo el fiscal en el escrito de 6 páginas al que accedió.
Estas tareas de inteligencia, detalló, “implicaron el registro de manifestaciones, acciones de visibilización, reclamos, misas y otros eventos, así como la compilación de datos personales de las víctimas, que no pueden ser reputadas -tal como fue afirmado por el a quo- como ctividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales -entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”.
“Es que no ha logrado acreditarse que estuviéramos frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad, como podrían ser las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval, pues no se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad”, sostuvo.
Advirtió que la decisión exculpatoria adoptada por la Cámara Federal porteña “se sustenta en afirmaciones meramente dogmáticas, carentes de toda fundamentación, soslayando el análisis de la totalidad de las circunstancias comprobadas en la causa que permiten quebrantar la certeza negativa requerida para el dictado de un sobreseimiento”.
“La desvinculación de la causa resulta improcedente, por cuanto los elementos de prueba hasta el momento producidas sustentan —en grado de probabilidad— la eventual responsabilidad penal de los encartados en los hechos que se les atribuyen, de manera tal que el sobreseimiento dictado resulta claramente prematuro y confronta con la necesidad de evaluar más ampliamente la actuación de los imputados”, concluyó el fiscal.
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El dictamen de Pleé fue valorado de manera positiva por parte de los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, según pudo constatar Télam al tomar contacto con algunos de sus representantes legales.
“Esta querella mayoritaria en la semana del 5to aniversario del hundimiento, renueva esperanzas en la justicia, que ya tenía perdidas porque el Fiscal Pleé pone su mirada sobre las victimas y evalúa lo alejadas que están de haber sido un peligro como pretendió la sentencia de la Cámara Federal porteña al sobreseer”, sostuvo la abogada Valeria Carreras, que representa a un grupo de familiares de tripulantes.
El fiscal “dejo en evidencia los mismos argumentos que venimos pregonando, nunca se probó respecto de las familias espiadas siquiera un epíteto contra el expresidente Macri”, afirmó la letrada que también había apelado el fallo de la Cámara Federal porteña.
Luis Tagliapietra, abogado y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes, consideró al dictamen de Pleé como una “grata sorpresa” que “va en la línea de lo que en su momento expresó su par ante la Cámara (Agüero Iturbe) y se expresa con contundencia respecto de lo que han sido demostradas violaciones a la intimidad”.
“Bienvenido el dictamen, ahora la Cámara (de Casación Penal) tendrá un trabajo más complejo a la hora de arribar a un fallo que favorezca a los imputados”, sostuvo Tagliapietra en relación a la decisión que ahora deberán tomar los jueces de ese tribunal Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma.
Los integrantes de la sala segunda máximo tribunal penal aún no empezaron a analizar si corresponde confirmar o revocar los sobreseimientos, pero ya rechazaron que al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), intervenga en el caso como Amicus Curiae (amigo del tribunal).
La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.
El caso pasó luego a la justicia federal de Dolores, donde intervino el juez federal Martín Bava quien procesó a Macri, y finalmente arribó a los tribunales federales de Comodoro Py por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los elementos (documentación digital) que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco del caso D'Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases Amba.
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