La desaparición del submarino argentino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo en aguas del Atlántico Sur es un enigma un año después de su última comunicación, mientras crecen los cuestionamientos a la Armada, el gobierno de Mauricio Macri y la actuación de la Justicia.
El caso volvió a quedar sumido en la incertidumbre después de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, informara que la compañía estadounidense contratada por el gobierno para rastrear al sumergible, Ocean Infinity, suspenderá la búsqueda el próximo viernes hasta febrero, porque debe realizar reparaciones en el buque Seabed Constructor.
"Tenemos que aprovechar estos meses para revisar toda la información y establecer una nueva planificación ya pensando que puede haber pasado otra cosa de lo que dice la historia final", expresó Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes, desde el buque de alta tecnología que comenzó la búsqueda en setiembre, llevando algunos familiares a bordo.
Desde que la empresa inició la tarea a principios de ese mes rastreó unos 15.000 kilómetros cuadrados con sus minisubmarinos autónomos y detectó 22 indicios, pero luego todos fueron descartados, resultando ser formaciones rocosas o un pesquero hundido.
Los vehículos AUV y ROV del Seabed rastrillaron importantes extensiones a diversas profundidades, incluyendo grandes cañadones distantes a más de 200 millas náuticas frente a las costas comodorenses.
Los expertos tomaron como epicentro el sitio donde un organismo internacional con sede en Viena dijo haber captado una detonación el mismo día en que desapareció el sumergible.
La actual es la segunda suspensión de la búsqueda, luego que el buque científico Yantar de la Federación Rusa abandonó a principios de abril pasado.
La esperanza de los familiares se esfumó, creció la desazón, que terminó por estallar con el anuncio de la suspensión del rastreo. De acuerdo al contrato, la empresa debe cumplir 60 días netos de búsqueda —plazo que se cumplirá en una semana— y sólo recibirá el pago de 7,5 millones de dólares si encuentra el sumergible.
"Estamos mal, con una incertidumbre total. Notamos ocultamiento, que nos mienten", confesó Claudio Rodríguez, hermano de quien fuera durante 10 años maquinista del submarino, Hernán Ramón Rodríguez.
El ARA San Juan emitió su última comunicación el 15 de noviembre de 2017 después de reportar un incendio en el área de baterías por el ingreso de agua de mar mientras navegaba desde la austral ciudad de Ushuaia rumbo a su base en el puerto de Mar del Plata.
Horas después de esa comunicación se detectó un ruido similar al de una explosión cerca del último punto donde había sido localizado en el océano Atlántico, a poco más de 400 kilómetros de la costa patagónica argentina, frente al Golfo San Jorge.
El submarino fue buscado intensamente, pero sin éxito, por una enorme flota internacional de buques y aviones.
De forma paralela, creció el escándalo por las revelaciones de sumarios internos que reconocían problemas técnicos en el ARA San Juan y la falta de mantenimiento en los equipamientos de las Fuerzas Armadas. El jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, fue destituido, y fueron desplazados varios altos mandos, entre ellos quien ejercía como jefe de la Base Naval de Submarinos de Mar del Plata.
Las causas de la desaparición son una incógnita, aunque las hipótesis son varias.
La comisión de expertos del Ministerio de Defensa considera que la hipótesis más probable es que el naufragio del submarino se debió a un error de operación de una válvula de ventilación, según reveló esta semana el diario Clarín.
Esto habría producido un cortocircuito en la zona de baterías y la generación de hidrógeno que habría afectado a la tripulación. La nave habría sufrido una implosión al caer sin control por debajo de los 600 metros de profundidad, el límite para el colapso de la estructura del casco según su diseño.
Los familiares urgieron a la compañía estadounidense que rastreara la zona donde seis días después de la desaparición se detectaron supuestos golpes contra una estructura metálica en la profundidad del mar. Dos de los tres suboficiales que participaron en la primera búsqueda a bordo de la corbeta Spiro declararon ante la Justicia que consideraban altamente probable que los sonidos fueran del submarino.
El ARA San Juan fue construido por la empresa alemana Thyssen, con propulsión diésel-eléctrica, y contaba con 960 baterías. Medía 65 metros de eslora y siete de diámetro y entró en servicio en 1985. Entre 2008 y 2014 se le realizó una reparación de media vida.
Los familiares consideran que entre los responsables de la tragedia "hay varios miembros de la Armada y del gobierno", según señaló Tagliapietra. El hermano del maquinista señaló que el submarino "llevaba 49 meses sin ir a dique seco, pese a que el manual indica que debe hacerse cada 18 meses".
"El gobierno está ausente y la Justicia va muy lenta", aseveró.
Los minisubmarinos rastrillaron importantes extensiones, incluyendo cañadones a más de 200 millas náuticas
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