A diez años de una grave maniobra: la negación de la aftosa argentina

Entre Ríos empezó a vacunar de manera eficiente sus ganados contra fiebre aftosa recién en 1988. La meta propuesta por el Estado provincial y los productores enrolados en las entidades gremiales era dotar a la hacienda de una calidad sanitaria tal que permitiera ser comercializada al mejor precio en el mundo.
  Sólo 11 años después la meta estaba muy cerca, casi al alcance de la mano. Tanto así que todo el país, el gobierno nacional y organizaciones de ganaderos habían copiado lo hecho en la provincia: trabajo conjunto de los sectores público y privado e inoculación del 100% del rodeo dos veces al año. Sin mentiras, ni dobleces.
  El que se negaba a sanear su tropa se debía enfrentar a la Gendarmería, que le hacía lo que se solía llamar una vacunación compulsiva. Pero, como indica el refrán popular, el diablo metió la cola y todo ese esfuerzo resultó vano.
  El principio del fin se desencadenó en abril de 1999 por decisión política del entonces presidente Carlos Menem, según una investigación del diario Uno de Paraná. Se dejó de vacunar contra la fiebre aftosa en la Argentina. Y se hizo salteando pasos clave para que el país obtuviera el estatus sanitario más preciado del mundo ganadero: el de nación libre de aftosa. Todo pasó por una causa simple: Menem terminaba su mandato y quiso hacer él mismo el anuncio.
  Sólo nueve meses después, ya en tiempos de la presidencia de Fernando De la Rúa, durante los meses de verano del año 2000, el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) realizó una campaña “no oficial” de vacunación contra la enfermedad, ya que se había detectado la presencia del virus en Formosa. La inoculación “no oficial” incumplía con la obligación de notificar a las organizaciones internacionales sobre la situación sanitaria.
  Para los primeros días de agosto la actividad viral se había extendido por buena parte del territorio argentino. Desde un principio, la estrategia de las autoridades nacionales, con el consenso de las principales entidades del campo y la industria, y los gobiernos de algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa fe y La Pampa, fue negar la existencia de brotes y la vacunación que se estaba practicando. “No hay aftosa ni hay vacunación en la Argentina”, reiteraban las autoridades tratando de sostener contra viento y marea el status obtenido por el gobierno anterior. El motivo de la mentira es contundente: el reconocimiento del retorno de la enfermedad, implicaba una pérdida anual estimada de 1.000 millones de dólares, y una espera de cinco a siete años para recuperar el reconocimiento internacional para volver a los mercados.
  Un acta reservada, redactada el 9 de agosto de 2000, en la sala de sesión del Consejo de Administración del Senasa, selló el complot para negar y ocultar la verdadera situación sanitaria del rodeo nacional. Fue firmada por las máximas autoridades del gobierno de la Alianza, encabezadas por Antonio Berhongaray, por esos tiempos secretario de Agricultura de la Nación, y Oscar Bruni, titular del organismo sanitario.
  El consentimiento expreso de los delegados de las entidades del sector involucró a Natalio Tassara y Maria Rosa Rabanal, en representación de la industria alimenticia; Rubén Volando, de Federación Agraria Argentina; Roberto Gay, de Confederaciones Rurales Argentinas; Mario Ravettino, en representación de la industria cárnica; Horacio Francisco Gutiérrez, de la Sociedad Rural; Homero Carpena, del sector pesquero, y Gonzalo Alvarez Maldonado, en representación de Coninagro, actuaron con representación en el consejo de administración del Senasa.

La crónica. El primer foco tardó en reconocerse más de un año. Oficialmente fue el 12 de marzo de 2001. La conducción del Senasa, rendida por la evidencia y la exposición pública que había tomado la situación sanitaria nacional, además de la trascendencia internacional por las reiteradas denuncias de productores, aceptó reconocer lo que pasaba.
  Fue una vergüenza pero nadie acabó procesado. Tampoco hubo renuncias. A juzgar por lo que sucedió luego con el gobierno de la Alianza, el haber ocultado la presencia de aftosa fue algo así como una chiquilinada de los hombres de De la Rúa y sus socios en las entidades agropecuarias. En el acta labrada aquella jornada, el Consejo de Administración del organismo sanitario recomendó que “se declaren a partir de la fecha los diferentes focos que ocurran en la República Argentina”.
  El esfuerzo realizado por miles de productores agropecuarios, decenas de funcionarios de todo el país que habían administrado el sistema de vacunación había sido dilapidado entre cuatro paredes por un grupo de dirigentes, buscando un rédito político de corto plazo.

Cuarto en el mundo. Antes de que el gobierno reconociera la presencia de la enfermedad, la Argentina figuraba como cuarto exportador mundial de carne vacuna, pero a partir de ese momento se cerraron todos sus mercados.
  A mediados de marzo, Europa y Estados Unidos prohibieron la entrada de carne argentina a sus territorios, un negocio de 410 millones de dólares en exportaciones. Brasil militarizó la frontera con el país y comenzó el proceso de ocupación del mercado que dejaba nuestro país. Algunos de los problemas derivados de aquella mentira fueron: disminución de las exportaciones; menor actividad frigorífica; desempleo; problemas en la cadena de pagos y reducción en el precio de la hacienda.
  El ocultamiento de la enfermedad con fines netamente políticos y el desprecio por los protocolos internaciones no sólo significaron para la Argentina la pérdida del status de “país libre de aftosa sin vacunación”, tal vez tal vez derivó en una situación más grave todavía: un retroceso en las relaciones comerciales internacionales, producto de la desconfianza de esos mercados.
  Pasarían varios años para revertir esa situación. Tantos que aún los cortes cárnicos de la República Argentina siguen observados en los países que mejor pagan. l