Reforma de los fondos ATN: organizaciones presentaron un proyecto con enfoque ambiental

La iniciativa busca transformar un instrumento hoy discrecional en un mecanismo federal, transparente y automático, dotando a las provincias de recursos para obras de adaptación y para un fondo de intervención inmediata ante desastres socioambientales, con el fin de reducir los impactos humanos y económicos que deja la crisis climática en las comunidades más vulnerables.

Ante el avance de la crisis climática y sus graves impactos en distintas zonas del país con daños económicos y humanos irreparables, organizaciones ambientales y de la sociedad civil impulsan un proyecto de ley para reformar el régimen de asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con el objetivo de destinarlos a la prevención y respuesta de las provincias frente a emergencias ambientales como inundaciones, olas de calor, incendios y sequías, entre otros.

El proyecto es promovido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y cuenta con el respaldo de otras trece organizaciones: Aves Argentinas, Patagonia Natural, Confederación Mapuche de Neuquén, Multisectorial Golfo San Matías, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica, Fundación Hábitat y Desarrollo, Fundación Biodiversidad Argentina, FIBO Impacto, GIRSAC, Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Proyectar ONG y Argentina 1.5.

“Esta iniciativa apunta a dotar a los gobiernos provinciales de recursos genuinos, que les corresponden, para afrontar las emergencias sociales que producen los eventos climáticos extremos sin tener que mendigar asistencia al gobierno nacional. Los impactos que produce la crisis climática son cada vez más recurrentes y graves, y golpean principalmente a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad”, señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

Actualmente, los fondos ATN —equivalentes al 1% de la masa coparticipable bruta— son un instrumento discrecional del Poder Ejecutivo Nacional que, si bien fue creado para atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, carece de un criterio transparente, proporcional y automático en su aplicación. En 2024, de los casi $680 mil millones recaudados, más del 93% no fue ejecutado.

Frente a este escenario, el proyecto de ley propone que el 1% de los fondos ATN se divida en dos componentes:

• 40% para obras públicas provinciales de prevención y adaptación climática, a través de una partida presupuestaria específica.
• 60% para la creación de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Socioambientales, destinado a dar respuesta inmediata ante inundaciones, incendios, temporales y otras emergencias. Si no se utiliza en un plazo de tres meses, el remanente se distribuye entre las provincias.

“En un país donde se proyecta un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, así como en el nivel del mar, con impactos especialmente graves a lo largo de la costa marítima y el Río de la Plata, la inversión en infraestructura resiliente a este tipo de eventos debe ser una prioridad”, sostuvo Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de FARN.

Además, desde FARN advirtieron que situaciones como la ocurrida en Bahía Blanca en marzo pasado, con víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares con daños irreparables; o como la registrada dos meses después en el norte de la provincia de Buenos Aires —donde fallecieron tres personas, más de 2.900 debieron ser evacuadas y se reportaron daños estructurales de gran magnitud—, reflejan el costo humano y económico de no contar con políticas de prevención y respuesta adecuadas.

“Con este proyecto buscamos anticiparnos a los impactos de la crisis climática y transformar fondos que hoy son discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir los riesgos frente a este tipo de eventos”, explicó Mercure.