¿Quién paga la cuenta de la lucha contra el cambio climático?

Es común escuchar que las acciones ambientales deben quedar relegadas frente a otras prioridades, especialmente en economías en desarrollo como la de Argentina, donde otras urgencias, como la pobreza, el desempleo o la inflación, parecen imponerse: “Primero hay que solucionar otras cosas”.

Sin embargo, así como en materia económica solemos prever escenarios difíciles y generar ciertos resguardos ante posibles crisis, también deberíamos aplicar esa lógica al cambio climático. Postergar acciones ambientales es, en el fondo, desatender una amenaza que ya está en marcha.

Basta con observar las pérdidas que ya estamos enfrentando para comprender su urgencia. La sequía de 2022-23, por ejemplo, generó pérdidas estimadas en USD 19.000 millones para la economía argentina, lo que equivale a una caída de 3 puntos del PBI, con un fuerte impacto en exportaciones y recaudación fiscal (Bolsa de Comercio de Rosario, 2023). La última inundación en Bahía Blanca se llevó 16 vidas y causó daños materiales que superan los 8.080 millones de pesos (La Nación, 2025). En Bariloche, los incendios forestales de principio de año demandaron alrededor de $12 millones cada cinco días, sin incluir el costo de las horas de vuelo, el trabajo de brigadistas ni los equipos especializados. Y sin ir muy lejos, en Funes y Roldán, el último temporal con granizo histórico causó graves daños en viviendas, vehículos y espacios públicos, aunque los costos no se han contabilizado; basta con verlo para dimensionar el impacto.

Estos eventos no solo tienen un enorme costo económico, sino que también generan pérdidas irreversibles, dejando al descubierto la vulnerabilidad de nuestras ciudades y la importancia de invertir en medidas de adaptación frente al cambio climático. En otras palabras, no alcanza solamente con responder a las emergencias, sino que debemos anticiparnos y prepararnos para enfrentar episodios similares que, como muchos estudios indican, serán cada vez más frecuentes e intensos.

Hoy, nuestra región tiene la oportunidad de afrontar tales costos mediante el Financiamiento Climático, una herramienta que incluye la financiación de las acciones identificadas en una contribución determinada a nivel nacional de un país (NDC), así como la comunicación de adaptación, el plan nacional de adaptación, la estrategia de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones, u otro plan nacional para aplicar y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Este financiamiento se enmarca en lo que se conoce como el principio de “responsabilidad común pero diferenciada”, donde los países desarrollados, que concentran la mayor parte de las emisiones históricas y los recursos financieros globales, se han comprometido a apoyar financieramente a los países en desarrollo, ya que estos últimos enfrentan mayores dificultades para acceder a los fondos necesarios para adaptarse y mitigar el cambio climático.

El monto destinado a tal objetivo se definió durante la COP15 de 2009 en Copenhague, en la cual se acordó un apoyo de USD 100.000 millones anuales para 2020 (luego extendido a 2025), formalizado en la COP16 de Cancún y reafirmado en el art. 9 del Acuerdo de París (2015). Posteriormente, en la COP29 de Bakú (2024) se negoció triplicar tales fondos con la meta de llegar a los USD 1,3 miles de millones para 2035, aunque varios países lo han considerado insuficiente frente al requerimiento inicial de al menos USD 500.000 millones.

Si bien durante los primeros años la meta no se logró alcanzar, en 2022 se llegó a movilizar USD 115.900 millones, superando ampliamente las expectativas y compensando en parte el retraso de 2 años (OCDE, 2024). Aún no contamos con información sobre fechas más actuales, pero se espera que se mantenga esta tendencia de aumento.

Sin embargo, aunque el financiamiento ha aumentado, aún no es suficiente. En 2022, de acuerdo a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la financiación en términos de adaptación llegó a solo USD 28.000 millones, siendo necesarios entre 187.000 y 359.000 millones anuales.

Además, se debe considerar que, en la práctica, la mitigación recibe mayor financiamiento que la adaptación. Según la OCDE, en 2022, más del 60% de los fondos climáticos fueron destinados a mitigación, mientras que apenas un 30% se canalizó hacia adaptación. El 10% restante correspondió a financiamiento con objetivos mixtos. Ello evidencia que no nos estamos preparando lo suficiente para reducir la vulnerabilidad ante el aumento de eventos climáticos extremos.

¿Estamos aprovechando estos recursos?

En Rosario, a través de la Secretaría de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa, se lanzó la Mesa Local de Finanzas Climáticas para canalizar recursos hacia proyectos concretos. Ya se han financiado diversas iniciativas que van desde obras de infraestructura, capacitaciones y asistencia técnica, y se busca continuar ahondando en ello. Para ello, la Mesa trabaja realizando intercambios con diversos actores estratégicos y desarrollando propuestas que puedan adaptarse a las oportunidades que ofrece este tipo de financiamiento.

Ante el escenario actual, resulta urgente contar con este tipo de instrumento para abordar la crisis climática y, principalmente, prestar especial atención a las medidas de adaptación. Esto solo puede hacerse posible con un respaldo político comprometido, que garantice la articulación entre distintos niveles de gobierno, impulse marcos normativos adecuados y priorice la acción climática como una política de Estado, no solo por el ambiente, sino por el bienestar general de la población. Asimismo, ha de velar por el cumplimiento de las metas establecidas y formar parte de las negociaciones internacionales, representando y exigiendo un financiamiento climático justo y suficiente. Sin voluntad política, el financiamiento existe, pero no llega; y sin planificación, los recursos no se traducen en soluciones reales ni duraderas.