La seguridad energética está adquiriendo cada vez mayor relevancia en la agenda mundial. En algunas zonas como el Sahel, los efectos del cambio climático se están manifestando con gran velocidad. Según estudios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las temperaturas aumentan alrededor de 1,5 veces más rápido que el promedio mundial, provocando así sequías con mayor frecuencia, pasando de sufrir una sequía cada diez años, a una cada dos años. Esta realidad es insostenible en una región donde la población depende en gran medida del sector agrícola. Como referencia, en 2020 la agricultura representaba casi la mitad del empleo total en África. Se debe contemplar, asimismo, la presión demográfica -tratándose de la población más joven del planeta-, razón por la cual se debe promover un cambio que asegure una transición energética, entendiéndose esta como una necesidad global.
El uso actual de la energía fósil no sólo es perjudicial para el medio ambiente, sino que también provoca inestabilidad en el orden global. Su uso y explotación actuales, que continúan creciendo, plantean retos interconectados. Especialmente en la zona del Sahel, el interés por controlar dichos territorios va en aumento por los grupos armados, que se financian a partir de estos recursos. Asimismo, las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania han colocado la búsqueda de una seguridad energética en la lista de prioridades internacionales -principalmente occidentales-, así como la urgencia de la transición global hacia las energías limpias. Este nuevo panorama puede utilizarse en favor del continente africano de diferentes maneras.
De esta manera, África debe buscar soluciones que se adapten a la realidad continental. Es así como la iniciativa de la Gran Muralla Verde puede servir como punto de partida. El proyecto lanzado por la Unión Africana en 2007 pretende contrarrestar la desertificación del Sahara creando un cordón de vegetación a lo largo del Sahel, y disminuir hasta en 2050 millones de toneladas el dióxido de carbono (CO2) expelido a la atmósfera. Sin embargo, no sólo supone una solución medioambiental a la creciente amenaza de la desertificación en la región, sino sobre todo una oportunidad socioeconómica para hacer frente a los desafíos que enfrenta; entre ellos: migración masiva, terrorismo, corrupción e inseguridad alimentaria.
Estos objetivos pretenden ser cumplidos mediante la restauración de 100 millones de hectáreas de tierra fértil y la plantación de árboles a lo largo de una franja de 7700 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho. El proyecto recorrerá veintiún países: Senegal, Malí, Mauritania, Argelia, Libia, Túnez, Ghana, Níger, Nigeria, Benín, Cabo Verde, Camerún, Burkina Faso, Chad, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Etiopía, Eritrea y Yibuti. Se calcula que la Muralla creará hasta 10 millones de empleos en el sector agrícola, además de asegurar el agua mediante la aplicación de técnicas de protección de la vegetación, con miras a que, al finalizar, el proyecto se convierta en la mayor estructura viva del planeta.
Entonces, la GGW es más que un proyecto climático; es también un proyecto socioeconómico, ya que busca ofrecer oportunidades económicas y laborales, además de seguridad alimentaria a la población total. Este no es un dato menor, teniendo en cuenta que 20 millones de personas en el continente africano estuvieron en crisis alimentaria en 2017, y se espera que la población del Sahel se duplique para el 2039.
Apoyo internacional
La GGW se desarrolla bajo la dirección de la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde, organización interestatal establecida en 2010 bajo la supervisión de la Unión Africana y la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos. Además, refuerza mecanismos como el Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP) y otros programas regionales, subregionales y nacionales de lucha contra la desertificación. También contribuirá a dieciséis de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, y es el primer exponente del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2023.
La iniciativa ha despertado el interés de la comunidad internacional sobre todo de la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) -que lanzaron programas especiales para apoyarla- el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. Este interés internacional se ha traducido en una contribución financiera que, en conjunto, asciende a 8000 millones de dólares. Por otro lado, China se ha manifestado en apoyo a la GGW en el Foro de Cooperación África-China en diciembre de 2021, donde aseguró su voluntad de cooperar con el proyecto tanto financieramente como con expertos técnicos.
Desafíos
El impacto positivo de la GGW será fundamental para el futuro de la región, no sólo porque se convertirá en la mayor estructura viva del planeta y ayudará a contrarrestar el cambio climático sobremanera, sino también porque modificará la realidad del Sahel en materia tanto ambiental como social y económica. Además de contribuir a afrontar la desertificación, fomentará la conservación de la biodiversidad mediante la promoción de prácticas sostenibles -entre ellas, la agrobiodiversidad- y mejorará la resistencia ecológica de los recursos naturales del Sahel, restaurando las zonas degradadas, lo que a su vez permitirá mitigar las emisiones de CO2.
Para hacer realidad todos los objetivos propuestos, la iniciativa debe superar varios obstáculos. Según el informe de situación de la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación del 2020 sobre la GGW, el proyecto sólo ha alcanzado el 4 por ciento. Esta lentitud en el desarrollo se debe a varios factores, como la falta de coordinación y la insuficiente inversión privada, el fracaso en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para su correcto desarrollo, el déficit energético de la región y las consecuencias negativas producidas por la pandemia de coronavirus, especialmente en la realidad socioeconómica.
