Aquello que comenzó en octubre de este año como movilizaciones en contra de la aprobación por Ley del contrato con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina a cielo abierto más grande de centroamérica desembocó, visto desde numerosas perspectivas, en la crisis social y política más importante de los últimos 25 años en Panamá. Las movilizaciones más trascendentales que ha tenido Panamá desde las últimas tres décadas fueron por causas ambientales, y se llevaron adelante desde fines de octubre hasta diciembre de este año. Éstas dieron sus frutos: la Corte Suprema del país declaró inconstitucional el contrato de minería que había despertado el rotundo rechazo de la ciudadanía.
Mientras la actual gestión panameña alegaba que la decisión, impulsada en un “tiempo récord” de dos días y sin darle lugar a los reclamos populares, era muy beneficiosa para el país, la sociedad civil continuó manifestándose por más de un mes. El reclamo, que en un principio se posicionaba en contra de esta ley particular, fue tomando amplitud tal que le permitió abarcar a numerosos sectores y poner el foco en la cuestión climática de manera integral.
Las protestas sociales en la vía pública no dieron tregua. Durante todo el mes de noviembre, al grito de “Minería, fuera”, decenas de miles de ciudadanos bloquearon rutas, caminos y accesos estratégicos. Esto afectó no sólo la capacidad del Gobierno para mantener firme su medida, sino también al transporte nacional e internacional. La suma a las protestas por parte de sindicatos y docentes generó, además, inestabilidad laboral, pérdidas de clases, aumento del desempleo, y escasez y desabastecimiento de insumos.
De esta manera, los bloqueos generaron consecuencias económicas negativas, haciendo colapsar la cadena de suministro pero también las acciones de First Quantum, que bajaron un 50 %. Ocasionaron, además, graves consecuencias sociales:egún fuentes de la Policía Nacional, los días de manifestaciones tuvieron un saldo de más de mil personas detenidas y 4 fallecidas debido a las escaladas violentas.
Por tal motivo, a principios de noviembre el Gobierno se vio obligado a derogar la Ley 406 y aprobar una moratoria minera en todo el país. La misma prohíbe “el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional". Bajo el amparo de esta ley, además, la Dirección Nacional de Recursos Minerales procedió a tramitar la cancelación de 7 concesiones y continuará el proceso en el plazo establecido por ley con las otras concesiones pendientes.
Así, la ciudadanía logró modificar una situación que llevaba más de 30 años de irregularidades en Panamá, teniendo en cuenta que las operaciones mineras se originaron en el año 1991. Pero, principalmente, estos sucesos sentaron precedente de protestas exitosas que objetaron el desarrollo económico dependiente del extractivismo y, sobre todo, una lógica política de arreglos particulares a espaldas de la ciudadanía que entró en crisis. Esto es posible de afirmar contemplando que los reclamos incluyeron, además, denuncias a todos los gobiernos de los últimos 25 años en el país, poniendo en evidencia que ya no son toleradas las formas de gobernar con intereses espurios e ignorando la crisis ambiental.
Queda, de todos modos, por definir el modelo de desarrollo económico alternativo para llevar adelante a partir del cierre de la mina; el cual deberá satisfacer demandas de sostenibilidad sin descuidar las económicas en un momento previo a elecciones generales en 2024.
