Me toca escribir estas líneas en una semana muy particular, en mi condición de argentino, profesional del ambiente, docente universitario en la Universidad Católica y, sobre todo, como cristiano de a pie. La muerte del Santo Padre nos deja sumidos en una tristeza infinita. Se ha apagado la voz más clara y potente que teníamos en esta era quienes creemos, con esperanza, que otro mundo es posible.
Pero su partida deja también una huella ética imborrable. En Fratelli Tutti y Laudato Si’, Francisco insistió en una verdad urgente: no hay justicia social sin justicia ambiental. Su defensa del cuidado de la casa común, del trabajo colectivo y del valor de las cooperativas como motor de una economía solidaria nos invita a mirar con más atención lo que está ocurriendo —y lo que aún falta— en nuestra Santa Fe.
La provincia ya transita una transformación. El sector industrial, impulsado por demandas globales y también por una conciencia creciente, viene incorporando tecnologías que hacen sus procesos más eficientes, menos contaminantes y más sostenibles. Existen ejemplos concretos: empresas que reutilizan residuos, que optimizan su consumo energético, que miden y reducen su huella de carbono, y que mejoran la calidad del aire en sus entornos productivos. Esta apuesta no es solo un gesto ambiental: es también una decisión estratégica, que muchas compañías han empezado a asumir con convicción.
Sin embargo, dicha transición no puede descansar únicamente en la iniciativa privada. Necesita del compromiso del Estado, de políticas públicas activas y sostenidas que articulen esfuerzos y amplíen el alcance de lo que hoy ocurre de manera fragmentada. En este escenario, las cooperativas urbanas merecen un lugar central.
En barrios y ciudades de toda la provincia, son estas organizaciones las que, con enorme esfuerzo, sostienen tareas esenciales para el reciclaje, la gestión de residuos y la economía circular. Su trabajo cotidiano mejora las condiciones ambientales, genera empleo digno e impulsa prácticas comunitarias de cuidado y responsabilidad compartida. Lejos de ser destinatarias pasivas, las cooperativas deben ser reconocidas como socias clave en un modelo ambientalmente justo e inclusivo.
Y aquí es donde el rol del Estado se vuelve determinante. No alcanza con regular o asistir económicamente: hace falta planificación ambiental integrada, visión territorial y una coordinación que convoque a la industria, las universidades, las organizaciones sociales y las comunidades. Porque la sostenibilidad no nace de esfuerzos aislados, sino de caminos construidos colectivamente.
Es justamente ese camino el que hoy deberíamos debatir con seriedad. Santa Fe atraviesa una oportunidad histórica: la reforma de su Constitución, algo que no sucede desde hace décadas. Sin embargo, la agenda ambiental ha estado prácticamente ausente del debate público. No es un dato menor. Lo que no se nombra, no se prioriza. Y lo que no se incluye en la Constitución difícilmente puede consolidarse como política de Estado.
¿Queremos que el derecho a un ambiente sano —incluyendo la calidad del aire que respiramos, la equidad territorial y la justicia intergeneracional— sea parte del corazón de nuestra vida democrática? Si la respuesta es sí, entonces es momento de decirlo. De debatirlo. De incluirlo.
La transición ya comenzó. Las empresas innovan, las cooperativas sostienen, las comunidades se organizan, la universidad marca el camino. Tenemos capacidad, conocimiento y voluntad. Lo que falta es decisión. Y una Constitución que lo respalde.