El Acuerdo Mercosur - Unión Europea ha sido uno de los más grandes objetivos que ambos bloques han perseguido por más de 20 años. Tras alcanzar un consenso en 2019 sobre el capítulo de “Comercio e Inversiones” del Acuerdo de Asociación, el pasado 6 de diciembre se logró un nuevo avance que refuerza el compromiso de ambas partes con el libre comercio interregional. Sin embargo, aún resta un último (y decisivo) paso: la ratificación por parte del Parlamento Europeo y de todos los Estados miembros del Mercosur.
De aprobarse efectivamente, el tratado pasaría a ser el mayor acuerdo de libre comercio de la historia, conectando a más de 700 millones de personas de 33 países distintos y de 2 continentes diferentes.
La Unión Europea (UE) se constituye como el segundo socio económico más importante del Mercosur, manteniendo una relación comercial que alcanzó los US $110.000 millones en 2023, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, alrededor del 15% de las exportaciones del bloque sudamericano se destinan al continente europeo, aunque se mantiene un vínculo deficitario con respecto a las importaciones (alrededor del 20%).
El documento final del acuerdo está compuesto por 20 capítulos, a los que se suman anexos y documentos complementarios. En este sentido, uno de los desafíos más grandes que se presenta resulta ser el “capítulo ambiental”, debido a que causa rispideces entre los deseos de los productores sudamericanos y las exigencias de los ambientalistas europeos.
El capítulo ambiental: el talón de Aquiles del nuevo acuerdo
Las exigencias ambientales de la UE se encuentran entre las más estrictas del mundo, reflejando su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, si bien muchas veces se alega que detrás del mismo se encubren prácticas restrictivas del comercio.
A través del Pacto Verde Europeo, la UE impulsa regulaciones que incluyen límites severos a las emisiones de CO y estándares estrictos para la protección de la biodiversidad, la gestión de residuos y la reducción del uso de plaguicidas y productos contaminantes. Normas como la Ley de Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Deforestación Cero obligan a que los productos importados no contribuyan a la deforestación, algo que no tiene paralelo en muchas otras regiones del mundo. Estas exigencias resultan ser las barreras de entrada para los productos sudamericanos y las que los exportadores mercosureños buscan “eliminar”, bajo la justificación de que sus economías dependen del modelo extractivista y agropecuario.
El capítulo incluye, en una de sus cláusulas, un principio fundamental y rector de todo el acuerdo, que introduce prácticamente una condicionalidad: la “no regresión”. Este principio establece que “se prohíbe empeorar las condiciones laborales o ambientales para promover el comercio y la inversión”. En consecuencia, cualquier producto cuya cadena de fabricación implique actividades no amigables con el medio ambiente quedará imposibilitado de ingresar al continente europeo.
En resumen, los países del Mercosur enfrentan un desafío en lograr alinear sus prácticas productivas con las exigencias de protección ambiental del viejo continente. Actividades como la deforestación masiva, el uso intensivo de agroquímicos, la falta de trazabilidad ambiental y las altas emisiones de gases de efecto invernadero se destacan entre los principales obstáculos. Lograr esta convergencia será crucial para avanzar en el acuerdo.
