Brasil amaneció ayer en shock tras la crisis desatada por una ola de investigaciones masivas sobre la corrupción en el poder político, mientras el gobierno busca bajarle el tono a una situación que golpea al gabinete y a la cúpula del Congreso. La lista divulgada el martes apunta contra el núcleo duro del Legislativo y del Ejecutivo, que gobierna Brasil desde que el conservador Michel Temer llegó a la presidencia el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff (izquierda) por manipular las cuentas públicas. El Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó 76 procesos contra 98 personas, que involucran a ocho ministros —inicialmente se reportaron nueve, pero la corte aclaró que un caso fue devuelto a la fiscalía para ser revaluado-, un tercio del Senado (24 de 81), casi 40 diputados y tres gobernadores, sin distinción de ideologías. La noticia literalmente vació al Congreso y amenaza con frenar las reformas económicas que impulsa Temer para sacar al país de la recesión.
Pese a las tensiones, Temer buscó transmitir normalidad durante un evento en Brasilia. "El gobierno no para", afirmó. "El Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla y el Judicial juzga. Cada uno ejerce sus funciones y nada deberá paralizar la función gubernamental".
Para el politólogo César Carvalho, de la consultora CAC, el presidente "está haciendo lo que el manual manda": minimizar la crisis, ganar tiempo y esperar que los dilatados plazos de la Justicia jueguen a su favor. "Mientras tenga el aval del Congreso, el gobierno de Temer resiste, siendo popular o no", agregó, en referencia al magro respaldo que tiene entre los brasileños, de apenas un 10 por ciento. Brasil tendrá elecciones generales en octubre del año próximo.
"Tenemos que seguir adelante con el gobierno'', agregó Temer durante una ceremonia. "Si no somos cuidadosos, pronto la gente dirá que el (Poder) Ejecutivo no funciona, el Legislativo tampoco ni el Judicial. No es así''. El presidente no mencionó el escándalo explícitamente, pero a una pregunta de la prensa respondió: "Dejaré que el Poder Judicial cumpla su trabajo''. Agregó que suspenderá transitoriamente a sus ministros si las investigaciones basadas en las "delaciones de Odebrecht", empresa clave en la red que desvió 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras, se convierten en denuncias y los forzará a renunciar si los casos llegan a juicio. Las confesiones no son consideradas pruebas a menos que así sea constatado en una corte.
Para el politólogo de la universidad de Brasilia, David Fleischer, el gobierno sentirá el golpe sobre su primer círculo de asesores. "El ya debilitado presidente Michel Temer quedará aún más débil y quizá pierda el control de su grupo de apoyo en el Congreso, donde hay muchos desesperados, mirando sus posibles reelecciones en 2018", escribió Fleischer en un informe. "Este episodio atrasará y dificultará la aprobación de las reformas (...) Los inversores (domésticos y extranjeros) que ya están siendo cautos con Brasil adoptarán posiciones aún más rigurosas de mirar y esperar", añadió.
El fracaso de un sistema
El posible alcance del vínculo entre política y finanzas opacas puede observarse al leer los nombres de los cuatro ex presidentes mencionados en la lista: el hoy senador Fernando Collor (1990-1992) y los ex mandatarios sin fueros privilegiados Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), Rousseff (2011-2016) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), todos remitidos a tribunales inferiores.
Lula ya enfrenta cinco procesos vinculados a Lava Jato. El 3 de mayo, el hombre que lidera los sondeos de intención de voto para las presidenciales de 2018 se verá cara a cara con su némesis: el juez Sergio Moro, devenido en ícono de la lucha contra la corrupción. El mismo Temer fue mencionado en algunas de las decisiones del juez de abrir investigaciones, pero como presidente tiene inmunidad temporal frente a cualquier delito que hubiera cometido antes de asumir la presidencia. Medios locales dijeron que el ex presidente José Sarney (1985-1990) también aparece en las confesiones de Odebrecht. De corroborarse, estarían involucrados todos los ocupantes del Palacio de Planalto desde el retorno de la democracia a mediados de los años 80, a excepción de Itamar Franco (1992-1995), que falleció. "Es el fracaso de un sistema", resumió en forma anónima un asesor del oficialismo.
La explosiva lista
Otros nombres de peso bajo la lupa de la Justicia son Eliseu Padhila, jefe de Gabinete; Wellington Moreira Franco, secretario general de la Presidencia —ambos del PMDB de Temer—; y el canciller Aloysio Nunes, del PSDB (centro), principal aliado de la coalición en el poder.
El cuadro del primer escalón de poder se completa con los ministros Blairo Maggi (Agricultura), Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología), Helder Barbalho (Integración Nacional), Bruno Araujo (Ciudades) y Marcos Pereira (Comercio Exterior). La lista incluye al presidente del PMDB, Romero Jucá; al líder del PSDB (centro) y ex candidato presidencial Aecio Neves; y a los titulares del Senado, Eunicio Oliveira (PMDB), y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM, derecha).
El juez Edson Fachin del STF, a cargo de las causas de la operación Lava Jato, devolvió a la fiscalía el proceso sobre el ministro de Cultura, Roberto Freire, para que lo revalúe, pero no fue descartado.
En jaque. Temer junto al ministro de Justicia, Osmar Serraglio, en el palacio gubernamental del Planalto.
