Cuatro trabajadores del diario La Prensa, de Nicaragua, crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, fueron acusados ante la Justicia de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, en el contexto de los procesos que se realizan contra opositores, indicaron autoridades del periódico.
Entre los acusados figuran dos choferes que están detenidos en una cárcel de Managua, así como una periodista y una empleada administrativa que están exiliadas y contra quienes se giró orden de captura, indicó el jefe de redacción de La Prensa, Eduardo Enríquez, en la edición digital.
“Es una barbaridad lo que están haciendo contra unas personas que lo único de que las pueden señalar es de trabajar, tenemos allá dos colaboradores que han sido injustamente detenidos sin ninguna razón”, cuestionó Enríquez.
Enríquez precisó que la acusación fue presentada por la fiscalía el 29 de septiembre ante el juzgado V de distrito de lo Penal de audiencia de Managua, acto que calificó de “criminalización de la labor periodística independiente”.
La Prensa, fundado en 1926, es el periódico más antiguo de Nicaragua. El año pasado dejó de publicar su edición física después de que el gobierno retuviera el papel para imprimirlo.
Asimismo, desde julio de este año sus autoridades están exiliadas en Costa Rica, después de que dos de sus choferes fueran detenidos y se allanaran las casas de “varios periodistas, fotógrafos y otro personal”, según indicó entonces el periódico.
Además, casi un año antes, su gerente Juan Lorenzo Holmann fue arrestado y luego —en abril pasado— condenado a nueve años por lavado de dinero.
Tras esa detención, las instalaciones del diario fueron ocupadas por las autoridades y convertidas en agosto último en un centro académico.
Mas de 200 opositores están presos en Nicaragua, entre ellos siete ex aspirantes a la presidencia que buscaban competir contra Ortega en las elecciones de 2021.
Desde que estallaron las protestas callejeras masivas en abril de 2018 y finalmente fueron reprimidas violentamente por las fuerzas gubernamentales, la administración de Ortega persiguió a cualquier organización a la que considere una amenaza.
El mandatario dijo que las protestas eran un intento de derrocarlo con apoyo del extranjero.
Los juicios contra los opositores se iniciaron en febrero pasado. Mas de 40 de ellos ya fueron condenados a penas que van de ocho a 13 años de prisión por conspiración, menoscabo a la integridad nacional u otros delitos.