El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó con su presencia y la facilitación de la sede de la organización en Washington la creación de un Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, con 18 de 33 magistrados nombrados en su momento por el Poder Legislativo y que debieron huir de su país por la persecución del régimen de Nicolás Maduro.
El salón de actos de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue escenario de una ceremonia de juramentación de los 18 de los 33 abogados a los que la Asamblea Nacional designó en julio como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
"Como un mecanismo de presión internacional contra la dictadura instaurada en Venezuela, se decidió de manera inédita instalar un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio", indicaron los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional. A los 18 juristas los designó el Congreso en julio pasado, como magistrados del máximo tribunal de la nación. Ayer se reunieron en la OEA para instalar lo que denominan "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio". Ninguno de los 34 Estados miembros de la OEA envió su embajador a la ceremonia.
El secretario general del organismo, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, calificó como "esencial" recibir a quienes llamó "magistrados" porque "tenemos que reconstruir en Venezuela la democracia, el Estado de Derecho y la justicia". Almagro, quien ha denunciado la alteración del orden democrático en la nación sudamericana, agregó que el Tribunal Supremo de Justicia subordinado al régimen de Nicolás Maduro "definitivamente está deslegitimado por sus abusos y arbitrariedades contra el Estado de Derecho y contra los derechos de todos los venezolanos". Almagro se reunió con el secretario de Estado, Rex Tillerson. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela. El presidente Donald Trump dijo que no las levantará hasta que se "restauren las libertades" en el país.
Maduro acusó a los 33 juristas de "usurpación de funciones". Varios fueron detenidos, mientras otros lograban escapar al exterior, al igual que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Uno de ellos se encuentra actualmente bajo libertad condicional en Venezuela, otros renunciaron bajo amenazas de prisión y el resto se encuentra exiliado.
Miguel Angel Martín dijo en Washington que ejercerá la presidencia del tribunal en el exilio y que su misión principal será "la separación de poderes en Venezuela y rescatar la credibilidad de los poderes públicos, en especial del sistema de justicia". Martín agregó que planean pronunciarse ante denuncias de ciudadanos venezolanos y buscarán apelar al derecho internacional público para lograr el cumplimiento de sus decisiones. El ente tendrá una oficina permanente en la capital estadounidense.
En Caracas, el presidente del Tribunal Supremo chavista, Maikel Moreno, calificó de "usurpadores" y "apátridas,mercenarios" a los jueces en el exilio y advirtió que se tomarán medidas de represalia con las naciones que intenten legitimarlos. "Carecen de cualquier facultad, y su único objetivo es cometer delitos de lesa patria", manifestó. "Condenamos firmemente este intento de golpe judicial", afirmó el titular de un tribunal cuyos miembros fueron designados en plazos apresurados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, antes de que el chavismo perdiera allí su mayoría. Juristas independientes señalan que ese procedimiento es violatorio de la Constitución.
Odebrecht le habría dado 35 millones de dólares a Maduro para su campaña presidencial
La fiscal general destituida de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, filtró un video que muestra a un ejecutivo de Odebrecht que reconoce que accedió a pagar 35 millones de dólares al presidente Nicolás Maduro a cambio de que se le dieran privigelios a la compañía brasileña.
Ortega, que debió huir de Venezuela en agosto, dijo que el video muestra a Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de Odebrecht en Venezuela, mientras habla con fiscales brasileños. Prazeres dice que un asesor de Maduro pidió 50 millones de dólares para la campaña del mandatario en 2013. Prazeres dijo que accedió a pagar 35 millones de dólares a cambio de que se le dieran garantías de quelos proyectos de Odebrecht recibirían prioridad.
En un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció que pagó sobornos en toda Latinoamérica para asegurar lucrativos contratos. En Venezuela fue donde Odebrecht pagó más sobornos, por casi 100 millones de dólares, según admitió ante las autoridades estadounidenses. Ortega dijo que Maduro había ordenado su arresto con el fin de detener una investigación en la que lo vinculaba a esos 100 millones de dólares erogados por Odebrecht.
Por Walter Palena
Por Elbio Evangeliste