El Mundo

La intervención de Cataluña derivaría en elecciones anticipadas en enero

Apoyado por Europa y el rey, Rajoy pacta con la oposición las medidas que enviará hoy al Parlamento para restituir la legalidad y la normalidad.

Sábado 21 de Octubre de 2017

Apoyado por la Unión Europea (UE) y por la Corona española, el gobierno español pactó ayer con el Partido Socialista (PSOE) y el liberal Ciudadanos las medidas que a partir de hoy remitirá al Senado para intervenir la autonomía de Cataluña ante el desafío secesionista del Ejecutivo regional. "Hemos intentado por todos los medios no llegar a una situación difícil, pero no puede haber un territorio donde el gobierno no cumpla la ley", advirtió ayer el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tras una cumbre de la UE en la que participó en Bruselas. Los preparativos para la intervención del autogobierno catalán avanzan mientras en la calle continúan las protestas de los separatistas. Ayer retiraron dinero en efectivo de bancos como CaixaBank o Sabadell, para protestar por el hecho de que hayan sacado su sede social de Cataluña.

En medio de una crisis institucional sin precedentes en España y con un final incierto, el rey español Felipe VI dio un espaldarazo a los planes de Rajoy al apoyar ayer públicamente una solución en el marco democrático y constitucional para Cataluña. "España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional, y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria", dijo en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias".

Desde la ciudad de Oviedo, donde cada mes de octubre se otorgan estos galardones, los principales representantes de las instituciones de UE, premiada en la categoría de la Concordia, también lanzaron un mensaje a favor de la unidad, la paz y el cumplimiento de la ley. "Cuando algunos siembran la discordia ignorando las leyes, es importante recordar el respeto al estado de derecho", destacó el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien advirtió del peligro de los "egoísmos nacionalistas" y abogó por el diálogo "dentro del derecho".

Un día antes de que el Consejo de Ministros dé luz verde a las medidas que elevará al Senado para "restaurar la legalidad" en Cataluña en el marco del artículo 155 de la Constitución española, la opción más plausible es la convocatoria de elecciones en la región. Aunque sin una fecha concreta sobre la mesa, se baraja que podrían celebrarse en enero, según apuntaron el PSOE y Ciudadanos. "Es muy pronto para decir que va a haber elecciones en una fecha concreta, pero sí es evidente que este proceso terminará en unas elecciones", destacó ayer en Madrid el portavoz del Ejecutivo español, Iñigo Méndez de Vigo.

La prioridad del Ejecutivo español es "restablecer la legalidad y la neutralidad de las instituciones catalanas", pero tanto el gobierno como el PSOE quieren que la intervención sea "limitada". La suspensión de autonomía, no obstante, es una jugada muy arriesgada en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia. El artículo 155 de la Constitución, que nunca hasta ahora se había aplicado en España, permite al gobierno tomar las medidas necesarias para que una región cumpla sus obligaciones, pero no establece cuáles son esas acciones, por lo que deja un amplio margen de actuación.

Las medidas acordadas serán aprobadas hoy por el Consejo de Ministros y se remitirán al Senado. La mesa de la Cámara alta, su órgano rector, aprobará ese mismo día la fecha para celebrar el pleno en el que serán ratificadas, previsiblemente el 27 de octubre. El proceso incluye también la posibilidad de que el gobierno catalán presente alegaciones, si bien la última palabra la tiene el Senado, Cámara donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta. Tras varias semanas turbulentas en Cataluña, que incluyeron la celebración de un polémico referéndum soberanista ilegal el 1º de octubre, la tensión entre Madrid y Cataluña alcanzó el jueves su pico máximo: el gobierno de Rajoy anunció la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución después de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont incumpliera su requerimiento y amenazara además con formalizar la independencia si la autonomía catalana es intervenida.

El Parlamento catalán podría celebrar un pleno en los próximos días para votar una declaración de secesión. Puigdemont amagó con hacerlo el pasado 10 de octubre: ese día propuso proclamar un Estado independiente pero suspendió instantes después los efectos para abrir un diálogo con Madrid con una mediación internacional que no llegó.

Líderes europeos como la alemana Angela Merkel o el francés Emmanuel Macron apoyaron de forma explícita a Rajoy y abogaron por una salida a la crisis "dentro de la Constitución española". "Todos apoyaron la posición de España, lo cual es muy lógico", dijo Rajoy. La británica Theresa May se reunió ayer con él en la capital europea. "La posición del Reino Unido es muy clara. Creemos que la gente debe respetar el Estado de Derecho y defender la Constitución española", dijo la premier.

Mientras tanto, las entidades independentistas continúan su campaña a favor de la secesión y contra las medidas del gobierno. Hoy está convocada una manifestación en Barcelona para pedir la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, principales impulsores del separatismo catalán en la calle al frente de las entidades civiles Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural. Ambos ingresaron el lunes en prisión provisional por orden de una jueza que investiga las protestas organizadas el 20 de septiembre en Barcelona por el operativo policial desplegado para desmantelar el referéndum del 1º de octubre, prohibido por la Justicia. La magistrada del tribunal de la Audiencia Nacional, que también imputó por los mismos hechos al jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, ordenó ayer investigar las llamadas de los tres investigados y también las cuentas de la ANCy de Omnium Cultural.

En protesta contra Madrid y por la decisión de empresas y bancos de sacar su sede social de la región las entidades secesionistas pidieron una retirada masiva de depósitos bancarios, a lo que algunos clientes respondieron ayer sacando cantidades simbólicas de 15,5 ó 155 euros, en alusión al artículo 155.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario